La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, recibirá, mañana, viernes 23 de octubre, al asambleísta Fernando Burbano, presidente de la Comisión Multipartidista que investigó los hechos de violencia del Paro Nacional de octubre 2019 y a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, en el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de María Paula Romo Rodríguez, ministra de Gobierno. Estas comparecencias son parte de las pruebas de cargo propuestas por la asambleísta interpelante Amapola Naranjo.
En efecto, el legislador Fernando Burbano rendirá testimonio acerca de las investigaciones que desarrolló la Comisión que presidió para establecer posibles responsabilidades en los hechos de violencia registrados en las manifestaciones que se produjeron, entre el 2 y el 13 de octubre de 2019, en contra de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno.
Mientras, Paola Pabón, prefecta de Pichincha, expondrá la situación que enfrentó durante las referidas jornadas de protesta, al ser acusada, junto a dos de sus compañeros, de un supuesto delito de rebelión, proceso en el cual fue llamada a juicio, el pasado 27 de agosto.
La sesión virtual 16 de la Comisión de Fiscalización está prevista para este viernes, 23 de octubre, a partir de las 09h00.
Cabe recordar que, hasta el momento, el organismo ha recibido las pruebas de cargo de los solicitantes del juicio político, asambleístas Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez, quienes ratificaron que la ministra de Gobierno, María Paula Romo incumplió funciones conferidas por la Constitución y la Ley, en el marco de las protestas de octubre del año anterior.
Igualmente, como pruebas de cargo, recibió los testimonios de Julio Aníbal Flores Ron; Nicole Alejandra Villafuerte Lascano; y, Jhajaira Estefanía Urresta Guzmán, quienes responsabilizaron a la Secretaria de Estado por los excesos policiales que derivaron en agresiones a la ciudadanía, que dejaron secuelas físicas y psicológicas, sin que se hayan tomado las medidas de sanción para los responsables, ni reparación para las víctimas.
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