El Pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión 685, recibió a Segundo Rea, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos Terrestres del Ecuador, Oswaldo Guamán, representante de Transporte Escolar; Abel Gómez, presidente de Fenacotip; y, Miguel Guamán, presidente de la Cámara Nacional de Transporte Interprovincial Urbano del Ecuador, quienes denunciaron que el sistema financiero y no financiero del país, incumplen la Ley Humanitaria, obligándoles a pagar interés sobre interés de sus deudas.
Precisaron que, si bien les dan la posibilidad de refinanciar sus créditos, los intereses de mora pasan a ser parte del capital, es decir, les fuerzan a pagar interés sobre interés. En este marco, solicitaron a la Asamblea Nacional hacer cumplir la Ley Humanitaria, tomando en cuenta la situación actual de la economía, y no permitir que impongan su propio modelo de cobro en su beneficio. Pidieron que se les reconozca como sectores productivos afectados por la pandemia, por tanto, establecer tablas de amortización progresiva.
Comparecencias
De inmediato, los parlamentarios escucharon a Ruth Arregui, superintendenta de Bancos, quien reveló las acciones emprendidas para la reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero, públicas y privadas.
En este marco, indicó que se dictó regulaciones para dar facilidad y alivio financiero, a través de la reestructuración y refinanciamiento de las deudas, así como la reducción temporal del aporte al fondo de liquidez. Informó que se realizaron operaciones de diferimiento de las obligaciones crediticias por 1208 millones de dólares, mismas que tuvieron un pico en el mes de junio.
Además, se realizó 1.9 milllones operaciones de diferimiento de las obligaciones crediticias, en común acuerdo de las partes. En la actualidad se tramitan un millón 665 mil operaciones, la mayoría en la cartera de consumo. Dijo que el sector de turismo es uno de los beneficiarios del diferimiento de obligaciones crediticias con el 54.18 % y en la banca pública con el 74 %.
Respecto de las expresiones presentadas por el sector del transporte, señaló que en ningún momento se ha cobrado interés sobre interés, ni que el interés por mora pasa a ser parte del capital. Se comprometió a realizar una supervisión en campo, tomando en cuenta las denuncias expuestas.
Por otra parte, Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria, explicó los resultados de la aplicación de la Ley de Apoyo Humanitario en este sector. Mencionó que hasta agosto de 2020 concedió créditos de hasta 25 mil dólares a 48 meses plazo y realizó 2247 operaciones por 93 millones de dólares. Las operaciones de crédito se destinaron a transporte, comercio, manufactura, agricultura, fomento productivo y al sector educativo.
Señaló que el número de consultas, reclamos y denuncias presentados en el organismo de control, fue del 0.05 % de los socios beneficiados por las operaciones en los cuales se han aplicado mecanismos de alivio financiero, lo cual permite ratificar el positivo impacto de la normativa contenida en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario.
De su lado, Fabián Carrillo, presidente de la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, indicó que la crisis por la pandemia Covid-19 todavía no ha terminado y que se agravó por la caída del precio del petróleo y la recaudación tributaria.
Precisó que el conjunto de medidas trabajadas entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo permitieron apoyar a las finanzas de las familias ecuatorianas. Dijo que desde el 22 de marzo hasta julio de 2020 las personas que reprogramaron la deuda no fueron notificadas a la central de riesgos como morosas.
Entre marzo y abril se realizaron dos millones de operaciones de diferimiento de obligaciones de crédito en el sistema financiero privado; además que se dictaron resoluciones para la reprogramación de cuotas por obligaciones crediticias del sistema popular y solidario, y del sector financiero público y privado.
Sostuvo que a través de la aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario y en estricto cumplimiento a su artículo 12, la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera emitió las resoluciones 587, 588 y 589, que sumados a los diferimientos extraordinarios anteriores a la promulgación de la ley ha permitido un alivio financiero de alrededor de 19 mil millones de dólares.
Debate
Luego de la exposición de los representantes del sector del transporte y de las autoridades de Gobierno, se abrió el debate en el Pleno. El asambleísta Alberto Arias dijo que las entidades no deben interpretar la ley en su beneficio sino cumplirla. No es posible que la banca aplique entre el 16 % y 23 % como tasas de interés. Las reprogramaciones han afectado a personas con obligaciones en lugar de entregarles un alivio en un momento de crisis, agregó.
Mocionó que los titulares de las Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria acudan a la Comisión de Fiscalización, organismo que en 10 días deberá presentar un informe luego de revisar lo que ocurre en toda la cadena productiva del país.
El parlamentario Jimmy Candel recordó que la Ley Humanitaria establece la obligación de las instituciones financieras públicas de reestructurar las obligaciones de crédito educativo vencidas o por vencer, a través de convenios de pago; disposición que no se ha cumplido. Mientras, el legislador Juan Cristóbal Lloret señaló que no solo la transportación enfrenta problemas con la banca, sino también los pequeños y medianos negocios, la economía popular y solidaria, en sí.
Silvia Salgado afirmó que luego de escuchar a las autoridades de control se concluye que no hay acciones de alivio financiero para la ciudadanía y el sector productivo, ya que el sector financiero impone políticas aprovechándose de la angustia social. Mónica Alemán advirtió que mientras cerca de un millón de personas están en el desempleo, muchas han caído en la pobreza y no pueden pagar sus deudas, algunos bancos han aumentado su patrimonio y utilidades.
JLVN/cz
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