A través de un taller, en el que participaron varios actores públicos, privados y ciudadanía, la Comisión de Justicia retomó el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías, en el que se unificaron las iniciativas de los asambleístas Héctor Muñoz y Cristóbal Lloret. El presidente de la mesa, José Serrano, anunció que a fines de noviembre se presentará un informe de primer debate.
Precisó que en la primera etapa de socialización y de comparecencias, se recibió 669 observaciones, las que se enfocan en fortalecer la normativa existente, sin crear antinomias con otros cuerpos normativos como los códigos Orgánico Integral Penal, de la Producción, Comercio e Inversiones, General de Procesos, Administrativo y Tributario.
Destacó que, además, se pretende armonizar las leyes ecuatorianas con los compromisos internacionales, adquiridos por Ecuador, en materia aduanera; activar la productividad nacional, mediante mecanismos que tiendan a la reducción de los costos de producción; incluir un enfoque de defensa de los derechos de propiedad intelectual, tomando en cuenta el Código de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Ingenios).
Expuso que la delincuencia transnacional mueve entre 1.6 trillones y 2.2 trillones de dólares anualmente; el comercio ilegal de productos, 70 mil millones y 200 mil millones; el mercado de falsificación y piratería 923 mil millones y 1.13 billones. Asimismo, en 2015, el comercio electrónico ilegal movilizó 213 mil millones de dólares.
Bajos estos antecedentes, es fundamental reformar, fortalecer y armonizar la legislación, con sanciones y recursos apropiados, que permita el adecuado seguimiento, control, investigación, sanción y prevención de los delitos asociados al comercio ilícito. Sin perjuicio de las competencias de Senae, se debe involucrar a otras instituciones y entidades de apoyo que coadyuven a implementar la legislación para combatir el comercio ilícito.
La cooperación entre aduana y las fuerzas públicas, los organismos nacionales, el sector privado, las organizaciones intergubernamentales, regionales e internacionales, referentes al comercio ilícito, es de especial atención, sostuvo.
Entre tanto, el parlamentario Héctor Muñoz aplaudió la decisión de activar el debate de la temática, recogiendo el sentir de la comunidad. Recordó que la Corte Constitucional emitió una resolución sobre el control de contrabando, al expresar que para lograr resultados en esta materia es clave la coordinación institucional.
A su vez, el legislador Juan Cristóbal Lloret reconoció que el texto unificado está muy armonizado. Urge que se haga realidad esta normativa e impulsar una política nacionalista de consumo, añadió.
La voz de actores sociales
Desde el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi), por intermedio de Santiago Cevallos, se alertó que hay una falla en la legislación en cuanto a medidas en frontera para detener el ingreso de mercadería ilícita al territorio ecuatoriano. Planteó darle claridad y fuerza a las decisiones del Comité Interinstitucional.
Diego Armendaris, de la industria tabacalera, señaló que el manejo de información es una falencia, pues no se tiene conocimiento de la incidencia total del contrabando. Sugirió un trabajo articulado entre el sector público y privado para prevenir el contrabando y el comercio ilícito.
Roberto Espinosa, de la Fiscalía, planteó determinar en el COIP los tipos penales y la pena aplicable. Para sancionar la defraudación aduanera se debe considerar también a la persona jurídica, no solo a la persona natural. Adicionalmente, se mostró partidario que entre los tipos penales para combatir el comercio ilegal se incorpore el decomiso de las mercancías.
Para María Fernanda León, de Procosméticos, es preocupante que los cosméticos pasen por el aeropuerto, así como productos de higiene doméstica y se comercialicen en redes sociales, a pesar de que tienen incidencia en la salud de los ecuatorianos. Aseguró que el contrabando afecta al empleo formal y al emprendimiento legal.
Cecilia Falconí, experta en propiedad intelectual, propuso la derogatoria del apartado dos del Código Ingenios, al enfatizar que actualmente es inaplicable. Indicó que todas las infracciones a derechos de propiedad intelectual son pesquisables de oficio, aspecto que debe incluirse en el proyecto.
A criterio de Javier Díaz, de la industria textil, el proyecto es trascendental para efectivizar una cultura de consumo, producción y comercialización. Habló de la importancia de abordar el tema de comercio ilícito. Según Gabriela Uquillas, experta en comercio exterior, es importante que los tipos penales estén muy bien definidos y que la actuación de la Fiscalía sea diligente.
La UAFE, a través de Michelle Sarmiento, explicó que el lavado de activos es un delito autónomo, cuya persecución se realiza de manera independiente del delito precedente. Llamó a mantener cooperación e intercambio de información.
En cambio, Joan Luna Valencia, de la Policía Nacional, informó que el contrabando se ha incrementado en el 400 % en ciertos productos, lo que alarma a la gente que trabaja en la industria.
Por último, Eduardo Ríos sostuvo que el Senae no tiene posibilidad de actuar en frontera para precautelar los derechos de propiedad intelectual, por lo que es indispensable que se autorice su intervención, desde su ámbito de acción.
Luego de dos horas y media del taller, José Serrano insistió que sistematizarán las observaciones e incorporarán propuestas fundamentales para el debate en la Comisión de Justicia.
MG/cz
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