Con nueve votos a favor, la Comisión de Fiscalización, presidida por el legislador Elio Peña, aprobó el informe sobre el proceso fiscalizador a las superintendencias de Bancos y de Economía Popular respecto de supuestos cobros ilegales en la reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero y no financiero, tanto públicas como privadas que contravendrían la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario (LOAH).
Asimismo, la mesa, en la sesión virtual 030, designó a los parlamentarios Dennis Marín, Mercedes Serrano y Noralma Zambrano como integrantes de la subcomisión que analizará el proceso de adjudicación, construcción y cobro del peaje en la vía Santa Elena, en Buenos Aires; y en la vía Playas, en Progreso; así como, el contrato de concesión de la vía Río Siete Tillales – Huaquillas suscrito entre el Ministerio de Transporte y el Consorcio CONSUR. Marín actuará como coordinador de la misma.
En esta sesión se principalizó la legisladora Mónica Brito, representante de la provincia de Guayas, en reemplazo de Bairon Valle, quien falleció a consecuencia del Covid-19, en días pasados.
Conclusiones
Según el organismo legislativo, de la información presentada por las dos superintendencias, se concluye que el sector bancario, mutualistas y cooperativas acogieron lo que dispone el Art. 10 de la Ley Humanitaria, en lo referente al otorgamiento de nuevas líneas de crédito, con tasas de interés y plazos que promueven la reactivación productiva. Es decir, las exenciones tributarias que se pusieron como incentivo para el sector financiero privado, han dado resultados positivos.
De este modo, las dos superintendencias han ejecutado sus funciones de información, reglamentación y control, a fin de que sus entes regulados cumplan con lo que dispone la LOAH.
En cuanto a la parte medular de la Resolución del Pleno de la Asamblea, que dispuso investigar las denuncias de cobros de interés sobre interés (anatocismo) y de recargos en la reprogramación o diferimiento de los créditos; y, específicamente, que se fiscalice el accionar de las superintendencias de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria al respecto, particularmente de hacer cumplir con lo que dispone el Art. 12 de la LOAH, la Comisión determinó que la banca privada, las cooperativas y mutualistas no han incurrido en el delito de anatocismo; y, en el caso de cobros no autorizados realizados por estas instituciones financieras, las dos superintendencias han procedido acorde a la normativa vigente, ejerciendo su competencia de rectoría, a fin de que se devuelva los cobros indebidos.
Recomendaciones
Bajo estos parámetros, la mesa insta al Gobierno que, a través de los órganos competentes, se diseñen políticas públicas de segunda generación, tanto de alivio financiero como para estimular la reactivación económica, sobre todo de los sectores más afectados por la pandemia Covid-19: turismo, transporte, comercio, entre otros. Y, canalizar recursos de los organismos de crédito internacionales, hacia el financiamiento de estas políticas públicas de alivio financiero y de reactivación económica, priorizando a los sectores pequeños y medianos de la economía.
Además, impulsar al interior de la Asamblea la aprobación de las reformas legales necesarias, para que la banca internacional ingrese a competir con la banca local; y, de esta forma, se mejore la oferta de servicios financieros y se otorguen créditos con plazos más largos y menores tasas de interés.
Impulsar al interior de la Asamblea Nacional la aprobación de reformas que fortalezcan la capacidad de la Superintendencia de Bancos, como ente rector del sector, de controlar, supervisar y sancionar, en caso de detectarse irregularidades, a los Sistemas de Seguridad Social: IESS, Issfa e Isspol.
Compromiso
La Comisión de Fiscalización y Control Político continuará dando seguimiento a la respuesta que den las dos superintendencias, a las denuncias y reclamos de los clientes de sus entidades bajo control, a fin de que se garantice el cumplimiento de sus derechos. Adicionalmente, dará seguimiento al proceso de formulación y ejecución de las políticas públicas de segunda generación, tanto de alivio financiero como para la reactivación económica, a fin de que beneficien a todos los sectores de la economías, sobre todo a los pequeños y medianos emprendimientos.
El trabajo se ha enmarcado en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, destacó el asambleísta Elio Peña, al anunciar que este informe será puesto a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.
MG/cz
