Relaciones Internacionales ejecutó, conforme la ley, diversos procesos de fiscalización y control político

Martes, 29 de diciembre del 2020 - 18:26 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el artículo 26 establece las distintas funciones de los organismos parlamentarios que, entre otros, tienen la capacidad de recibir, analizar, procesar y tramitar peticiones de fiscalización y control político a las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia. Las solicitudes pueden nacer de legisladores, asignaciones del Pleno de la Asamblea Nacional o el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

En este marco, la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales, presidida por el legislador Fernando Flores Vásquez, efectuó diversos procesos de fiscalización y control político. Así, recibió a representantes y funcionarios de las distintas carteras de Estado para conocer la situación de diversos casos investigados.

Uno de los temas tratados por la mesa fue el relativo a las declaraciones del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, sobre una posible ampliación a la pista aérea en la Isla San Cristobal, ubicada en el archipiélago de Galápagos y su impacto ambiental. En este tema, se conocieron las versiones del Ministro Presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Ministro de Defensa, Ambiente y Agua.

Para el titular de la cartera de Defensa no se trataba de una ampliación de la pista sino de una readecuación de 40 metros dentro del aeropuerto, a fin de brindar un espacio para operaciones de una aeronave tipo P-3, para patrullaje y vigilancia marítima.

En el marco de la pandemia derivada por el Covid-19 en el país, la mesa de Relaciones Internacionales intensificó su accionar de fiscalización, a fin de conocer sobre la operación aeronáutica en el país, la situación de la empresa pública Tame EP, de funcionarios y de los pilotos de la empresa de aviación. Para el efecto, conocieron las versiones del Ministro de Obras Públicas, Director de la Aviación Civil, representantes de Tame y la asociación de pilotos de la empresa.

Por otro lado, la mesa conoció la situación de ecuatorianos residentes en Bolivia, quienes informaron ser afectados por el cese de funciones de los dos Cónsules Ad Honorem de Santa Cruz de la Sierra y Sucre.

Otro tema que generó interés a nivel nacional y que fue tratado en la Comisión, fue la presencia de la Flota Pesquera Extranjera en la cercanía de la Zona Económica Exclusiva de Galápagos, así como las implicaciones de la Convención de las Naciones Unidad sobre el Derecho del Mar. Para conocer sobre la situación recibieron a representantes de organismos encargados y expertos en derecho internacional.

Además, la mesa recibió a los representantes de la Asociación de Servicios Laborales y Sociales para Migrantes y del Colectivo Ecuatoriano Migrantes del Mundo, quienes mostraron su preocupación por la falta de atención de parte de los representantes de la banca pública. Para el efecto, solicitaron que el BanEcuador informe con mayor detalle sobre la cartera de productos así como las líneas de créditos para migrantes.

Otro ámbito analizado por la mesa fue el relativo al control y vigilancia del espacio aéreo nacional, la construcción de pistas aéreas, funcionamiento de radares, así como el registro y control de aeronaves. Para este fin, el ente parlamentario citó a los titulares de la Dirección de Aviación Civil (DAC) y de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

La Comisión inició el trámite de fiscalización y control político al concurso para ingresar a la Sexta Categoría del Servicio Exterior ecuatoriano, frente a las posibles irregularidades presentadas. El proceso organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana concitó el interés de la mesa tras receptar varias denuncias de los postulantes. Para ello, recibió al excanciller José Valencia y representantes de la cartera de Estado. De parte de los posibles afectados estuvieron varios postulantes al concurso quienes solicitaron transparencia en dicho proceso.

Finalmente, el caso que mayor interés ha generado ha sido sobre las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol). Para hablar de este tema, estuvieron desde la Ministra de Gobierno, hasta presidentes y representantes del directorio del Isspol. También estuvo el titular de la cartera de Economía y Finanzas y el representante de las compañías BCorp. Investments y Ecuador High Yield Bond Found, que manejaron los fondos de inversión del Isspol.

Tras las versiones receptadas, este último indicó que los recursos del Isspol no se han perdido y no existe perjuicio a los servidores policiales. Conminó a las autoridades para desarrollar una mesa de trabajo y así determinar la devolución de los valores.

EA/cz

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