En el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Emprendimiento e Innovación para la Implementación Efectiva del Emprendimiento Juvenil, la Comisión de Desarrollo Económico recibió en comisión general a Gabriel Bermeo, coordinador de Innovación de la Universidad San Francisco de Quito.
Durante su ponencia, el académico indicó que en Ecuador no se ha institucionalizado el emprendimiento e innovación. Remarcó que en el país se emprende, pero se lo hace con ideas que responden a la necesidad o subsistencia y no por oportunidad. Además, dijo que el 90 % de emprendimientos no superan los tres años.
Sostuvo que el emprendimiento desde la Universidad como una forma de titulación es solo parte del ecosistema de negocio. Mencionó que es necesario crear más espacios como incubadoras, capitales ángel y semilla, compromiso del sector privado con los emprendedores, entre otros.
En la mesa también participó Priscila Feijó, directora de Emprendimiento de la Universidad Técnica de Manabí, quien manifestó la necesidad de orientar a los jóvenes que se encuentren en el último año de estudio para que cuando terminen su proceso académico conozcan cómo y en qué emprender.
Comentó que en la ley se deberían especificar aspectos inherentes a la simplificación de trámites (constitución, registros, permisos de funcionamiento, entre otros). También dijo que es necesario presentar los indicadores de emprendimiento para direccionar el desarrollo tecnológico, social y ambiental de economía circular. Además, pidió que se estimule a las universidades para que comiencen a desarrollar tesis en emprendimiento.
Para continuar con el análisis, la Comisión recibió a Ruth Arregui, superintendenta de Bancos, quien mencionó que en la norma no se define con claridad el papel de la Bolsa de Emprendimiento en el ámbito de financiamiento al que se refiere la ley.
Apuntó que no se establece si serán fondos públicos o privados y bajo qué condiciones, y tampoco prevé expresamente las formas en que podría participar la empresa privada. Dijo que, si los recursos son de origen público, la fuente deberá estar expresamente determinada conforme el artículo 287 de la Constitución.
También puntualizó que, si bien es obligación de las instituciones de educación general y superior establecer el emprendimiento como una alternativa a ser utilizada para obtener el grado académico, la ley debería establecer los parámetros técnicos mínimos que deben reunir los proyectos, a efecto de que este tipo de alternativa práctica no desestimule el esfuerzo que requiere la investigación y el trabajo académico.
De su parte, el asambleísta Mariano Zambrano, proponente de la reforma, agradeció los aportes de los invitados, pues señaló que contribuyen al mejoramiento de la normativa, especialmente a lo que refiere al emprendimiento juvenil. Además, compartió la necesidad de poner atención al control de los recursos.
El legislador Esteban Albornoz mostró su preocupación por la falta de aplicación de la Ley de Emprendimiento e Innovación y afirmó que se harán las correcciones necesarias en la norma, a fin de que más jóvenes puedan beneficiarse de ella.
Economía Circular Inclusiva
Antes de conocer las observaciones que realizaron los asambleístas Fernando Callejas y María Mercedes Cuesta; el titular de la Comisión, Esteban Albornoz, señaló que es necesario desarrollar con mayor precisión, en la normativa, la producción y consumo responsable.
La sugerencia de la asambleísta Cuesta es incorporar criterios de economía circular del agua y del suelo, ambos criterios importantes en operaciones productivas. También pidió revisar cuidadosamente las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados municipales.
El parlamentario Fernando Callejas indicó que existe preocupación en ciertas autoridades municipales, pues consideran que la Ley de Economía Circular se enfoca básicamente en el reciclaje.
Esmeraldas y Manabí
En lo que se refiere al proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación de Esmeraldas y Manabí, se presentaron observaciones por parte de los asambleístas Carlos Gallardo, Héctor Muñoz y Carlos Ortega.
El legislador Muñoz propuso incluir en el artículo 6, que se refiere a las funciones de la Unidad Coordinadora, la obligatoriedad que dentro de los presupuestos de comunicación de cada una de las entidades que forman parte de la Unidad Coordinadora, se contemple la difusión de esta ley y de los beneficios que tiene.
Mientras que, el asambleísta Gallardo sugirió revisar las funciones de la Unidad Coordinadora y del actual Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva porque podría haber duplicidad de funciones.
El legislador Ortega, respecto a la institucionalidad creada, dijo que es imperativo clarificar la naturaleza jurídica, toda vez que, de conformidad con lo proyecto de Ley, la Unidad Coordinadora sería en realidad una unidad ejecutora por lo que se hace necesario determinar la viabilidad de la misma, así como el impacto en el gasto público.
Empresas públicas
La Comisión también trató el proyecto de reformas a la Ley de Empresas Públicas, los asambleístas indicaron que una vez que se recibieron diversas observaciones al proyecto y se escuchó, en comisión general, a los actores involucrados en la temática se iniciará con la elaboración del informe para primer debate. Así mismo, los legisladores coincidieron que era preciso analizar si la Superintendencia de Compañía tiene la facultad vigilar a dichas instituciones.
Electromovilidad
La mesa de Desarrollo retomará el tratamiento de la Ley de Electromovilidad, por ser de gran importancia en el marco de las normas de protección del ambiente.
SV/cz
Más fotografías:
