La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social aprobó, por unanimidad (8 votos de los asambleístas presentes), el informe para primer debate del proyecto de Ley para la Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones de Trabajadores del Sector Público y Privado, que reforma los artículos 74 y 34 de la Ley de Finanzas Públicas relacionados con los contratos colectivos y sus procedimientos.
La norma que busca dar facilidad a la libertad sindical y a la negociación en la contratación colectiva, elimina la exigencia de un dictamen de favorabilidad por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para la suscripción de los contratos colectivos o de las actas transaccionales.
Establece que la planificación de los presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y sus empresas, incluidos los compromisos económicos que se pacten en los contratos colectivos de trabajo y en las actas transaccionales con sus trabajadores se sujeten a sus propios planes. Es decir, que no necesiten la injerencia del ente rector de las finanzas públicas para asignar y ejecutar su propio presupuesto, lo que permitirá celeridad en los procesos.
La presidenta de la Comisión, Karina Arteaga, sostuvo que su propuesta de Ley está orientada a hacer respetar el derecho de las personas a organizarse para negociar y promover condiciones más dignas para el desempeño de sus actividades laborales. “La norma invita a un proceso de modernización o evolución de los sindicatos en el país, donde se avance de una oposición inamovible y se encamine hacia una negociación técnica y propositiva”, aseguró.
Tras la lectura íntegra del proyecto de ley que fortalece los sindicatos de trabajadores, el legislador David Gallardo defendió la iniciativa con la finalidad de asegurar el presupuesto y el dictamen vinculante.
El parlamentario Jacinto Espinoza apoyó el tratamiento del proyecto de ley que beneficia a los trabajadores de los GAD y otras instituciones públicas y privadas. Con este planteamiento coincidió la asambleísta Samia Tacle y respaldó la moción para aprobar el informe para primer debate del proyecto de Ley.
Demandas de trabajadores
Tres organizaciones de trabajadores presentaron sus demandas en la Comisión. Ximena Tapia, secretaria del Sindicato de la Federación Deportiva de Zamora Chinchipe, aseguró que estaba pendiente la transferencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, las que se han hecho efectivas este día. El abogado de este Sindicato, Darwin Guachizaca, informó que les ponen trabas para la suscripción del nuevo contrato colectivo, con el argumento de que no existe la correspondiente partida presupuestaria.
Mientras que el presidente de la Asociación de Docentes Ocasionales Universitarios y Politécnicos del Ecuador (Asodoupe), Paúl Velásquez aseguró que dentro de las universidades públicas y politécnicas, el 43 % son docenes ocasionales y no se convocan a concursos públicos. Afirmó que trabajan ocasionalmente seis o siete años en las universidades y actualmente el Reglamento de Escalafón es atentatorio a sus derechos. “En dónde está la estabilidad, se debería entregar por lo menos nombramientos provisionales”, demandó.
Las docentes Sofía Zambrano y Mariela Arias aseguraron que son un sector olvidado, que incluso han sido notificadas con la terminación de la relación laboral.
De su lado, Johnny Ramírez, secretario del Comité de Empresa de la compañía Pacifpetrol S.A solicitó la intervención de la Asamblea Nacional para que se respete los derechos laborales, especialmente, el reintegro a sus labores.
Al concluir la agenda de trabajo, la presidenta de la Comisión adelantó que han realizado requerimientos de información a varias autoridades sobre los temas abordados y preparan varias comparecencias relacionadas con vulneración de derechos.
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