El Tribunal Contencioso Electoral cumple con sus obligaciones constitucionales y legales, dentro del tiempo requerido, para garantizar los derechos y una adecuada justicia electoral, subrayó Arturo Cabrera Peñaherrera, presidente del citado organismo, en su informe de labores 2020 ante el Pleno de la Asamblea Nacional, en el marco de la continuación de la sesión 693, conforme lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Aseguró que el trabajo del Tribunal se fundamenta en tres ejes: el fortalecimiento de los servicios de justicia electoral; el fortalecimiento de las capacidades institucionales; y la actuación en las etapas pre y poselectoral de los procesos de 2019 y del 2021, que está en marcha.
Cabrera explicó que en 2020 ingresaron 167 causas, entre recursos ordinarios de apelación, recursos subjetivos contenciosos electorales, infracciones electorales, acciones de queja y consultas sobre destitución de autoridades de elección popular. De estas, 39 corresponden a casos de carácter provincial, 92 causas de jurisdicción nacional y 36 provenientes del exterior. A estas se suman las causas represadas desde 2019, con un total de 250 causas.
Respecto de la resolución de causas, el Presidente del Tribunal Contencioso Electoral indicó que se han resuelto un total de 229 y están pendientes de resolución 21 casos que ingresaron los dos últimos meses de 2020.
En otro orden, Cabrera Peñaherrera enfatizó que, pese a las restricciones de la pandemia, el organismo desarrolló 23 eventos en territorio, con la participación de dos mil 932 ciudadanos, en el análisis de temas como reforma electoral, participación y violencia de género, acciones y recursos contencioso electorales, atribuciones y responsabilidades del Tribunal Contencioso Electoral.
Igualmente, el alto magistrado afirmó que la institución trabaja con serias limitaciones operativas, debido a los permanentes recortes presupuestarios que ha sufrido, razón por la cual mantiene un déficit superior a un millón de dólares para el presente año, hecho que impide la contratación de personal, así como la renovación de equipos informáticos y de un parque automotor que ha cumplido su vida útil.
“El Tribunal está consciente de las limitaciones que ha impuesto la pandemia, pero también tiene la certeza que la gestión que cumple esta instancia es fundamental para garantizar el ejercicio de derechos de los sujetos políticos en este período electoral”, concluyó Arturo Cabrera.
EG/cz
Más fotografías:
