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En la Comisión de Biodiversidad, Alex Hurtado y Julia Landázuri, presidente y secretaria de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA), respectivamente, informaron que el Consejo de la CTEA destinó 10 % de recursos del Fondo Común para el Fondo Indígena.
Señalaron que esos recursos semilla permitirán impulsar, en marzo de 2021, una mesa de donantes, con la participación de empresas privadas, para captar más recursos y ejecutar con éxito el Plan Integral Amazónico, dirigido a mejorar la calidad de vida de pueblos y nacionalidades de las seis provincias orientales.
Los funcionarios recordaron que el proceso de elaboración de los planes de vida de pueblos y nacionalidades se inició en el 2018, con la inclusión de actores y representantes de varias organizaciones e instituciones. Dijeron que el costo para la ejecución de 22 planes es de 8 millones 901.666 dólares, con un plazo de 18 meses que culmina en 29 de mayo de 2021. La empresa Ikiam EP es la encargada del proyecto; y, hasta este momento, se le ha entregado 7 millones 391.934 dólares, agregaron.
Por su parte, Gustavo Camelos, gerente de la empresa Ikiam EP, informó que los beneficiarios serán 272.044 habitantes. Se estableció como objetivos específicos: el diagnóstico dirigido al modelo de vida actual, actualización de planes, modelo de gestión y elaboración de la agenda intercultural.
Camelos, al referirse al incumplimiento de obligaciones a los profesionales que trabajaron para los planes de vida, aseguró que se preparan 19 convenios de pago para honrar con las obligaciones pendientes. Dijo que existen proveedores impagos especialmente de temas logísticos, razón por la cual la empresa Ikiam ha realizado varias reuniones y capacitaciones a fin de poder verificar el servicio prestado. Estos expedientes se encuentran en elaboración en cada una de las organizaciones y una vez que el coordinador general del proyecto con su equipo técnico y administrativo culmine este trabajo se establecerá el convenio de pago.
El legislador Henry Moreno lamentó la falta de concreción de los planes de vida. Dijo que la Contraloría debe hacer una revisión exhaustiva de cómo se gastan los recursos que deben estar dirigidos a cubrir las necesidades básicas de pueblos y nacionalidades. Por su parte, los parlamentarios Eddy Peñafiel y Juan Pablo Velín solicitaron socializar los avances del proyecto con los beneficiarios.
Por su parte, Antonio Vargas, en representación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, señaló que por falta de pago a los proveedores se les sigue un juicio a las organizaciones indígenas, razón por la cual sugirió que Ikiam atienda con agilidad los pagos respectivos. Mientras que, Romaneli Carrillo, técnico especialista de las nacionalidades, dijo que lo conveniente sería establecer convenios con cada una de las nacionalidades para trabajar de mejor manera los planes de vida, pero que a su vez se realice el pago a tiempo.
Emergencia sanitaria
En otro orden, Alex Hurtado y Julia Lanzázuri indicaron que el Consejo de la CTEA apoyó con siete millones de dólares al Ministerio de Salud y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las provincias amazónicas para atender la emergencia sanitaria por COVID-19, pero lamentablemente, algunos GAD no presentaron los respectivos planes y proyectos para este fin, por lo que los recursos regresaron al Fondo Común, que podrían ser destinados a la misma provincia, pero para otros proyectos.
Medidas cautelares
De forma virtual, en la Comisión de Biodiversidad, Óscar Cuenca, juez de la Unidad Judicial Multicompetente de San Lorenzo, al referirse a las medidas cautelares dictadas a favor de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro por la contaminación del bosque del Chocó, señaló que en el 2020 se envió una consulta a la Corte Constitucional sobe este particular, pero hasta la presente fecha, no existe ninguna notificación de resolución.
Por su parte, Moises Quiñonez, miembro de la Coordinadora de Organizaciones sociales del Norte de Esmeraldas, mencionó que hasta el momento no se cumple con las medidas cautelares ni tampoco se concreta la remediación ambiental, lo cual provoca enfermedades a los pobladores, así como la desaparición de peces por la grave contaminación de los ríos.
En cambio, Fred Larreátegui, asesor jurídico, indicó que ya existe una resolución de la Corte Constitucional, pero parece que el juez Óscar Cuenca desconoce de la misma. A su criterio, es necesario que salgan las empresas mineras del territorio, a fin de cumplir con las medidas cautelares establecidas.
El legislador Juan Cárdenas dijo que la Comisión de Biodiversidad debería presentar una queja al Consejo de la Judicatura por falta a la verdad, ya que el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de San Lorenzo afirma que hasta el momento no existe notificación alguna respecto de las medidas cautelares a favor de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro.
Comparecencia
La Comisión de Biodiversidad resolvió convocar al ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, a fin de que en su calidad de presidente de la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal, entregue información actualizada que permita aportar a la planificación de las actividades a cargo de la subcomisión de asambleístas que visitará los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, de la provincia de Esmeraldas, tomando en cuenta que varias comunidades han denunciado impactos negativos de las actividades de minería ilegal y concesiones mineras dentro del ecosistema del bosque del Chocó.
Además, la mesa legislativa determinó que los parlamentarios: Xavier Casanova, Liliana Durán, Fredy Alarcón y Gabriela Larreátegui, son los encargados de realizar la visita in situ, probablemente el 26 de febrero, en la que estará presente el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño.
JLVN/
