La Comisión de Derechos Colectivos, que preside Jaime Olivo, ampliará el análisis del proyecto de Ley Orgánica de Derechos Colectivos del Pueblo Afroecuatoriano hacia múltiples actores sociales, con el propósito de incluir sus puntos de vista, opiniones y observaciones en el informe previo al primer debate. En esta oportunidad, escuchó a tres representantes del norte de Esmeraldas, del Consejo para la Igualdad de Pueblos y de las zonas de Imbabura y Carchi.
En este contexto, Pablo de la Torre, de la Confederación Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas, sugirió ampliar en la Exposición de Motivos y los Considerandos, normas internacionales que garantizan sus derechos, al igual que leyes como las de Desarrollo Fronterizo, de Educación Intercultural, así como la de Tierras y Territorios Ancestrales.
Pidió que se incorpore en la normativa la situación por la que atraviesan los pueblos ubicados en la zonas de integración fronteriza (ZIF), quienes afrontan problemáticas que requieren de una atención prioritaria de las instancias estatales, en términos de equidad y justicia, como disponen la Constitución y la Ley.
Para Orfa Reinoso, del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, se debe dar mayor representatividad a este sector en el Consejo, por cuanto corresponde al 7,5 % de la población nacional. “No puede ser posible que la representación indígena sea mayor a la de los pueblos afrodescendientes en esta instancia estatal”, dijo.
Aseguró que, hasta el momento, no existen objetivos claros respecto de lo que significan los consejos nacionales para la igualdad, pues en el caso específico del pueblo afroecuatoriano se requiere una mayor incidencia en las decisiones, con el propósito de garantizar un adecuado ejercicio de sus derechos colectivos. “Se necesita una reforma a la Ley de los Consejos para la Igualdad, a fin de que se entienda el verdadero significado de una sociedad intercultural”.
Entre tanto, Salomón Acosta, de la Federación de Organizaciones Negras de Imbabura y Carchi, destacó la importancia de debatir desde los colectivos sociales una ley que haga justicia con el pueblo afroecuatoriano, que ha estado escondido e invisibilizado por más de 500 años y que ha aportado al desarrollo del país, con un legado cultural único, con sus propias costumbres y conocimientos ancestrales.
Añadió que es fundamental que la ley permita que los derechos del pueblo afroecuatoriano se cristalicen en la práctica, puesto que a través de una normativa específica se permitirá el desarrollo armónico de este segmento de la población ecuatoriana.
De su lado, el legislador José Chalá, autor de esta iniciativa legal, enfatizó que es urgente dictar una Ley que garantice los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano, sobre todo en lo que atañe a la eliminación de todo tipo de discriminación e inequidad, para lo cual es indispensable que se fortalezcan los mecanismos de participación en las decisiones del sector público, las acciones afirmativas a favor de este grupo que ha estado al margen de las entidades y organismos estatales, así como los medios de reparación en el caso de la violación de sus derechos.
EG/cz
