En la continuación de la sesión 692, el Pleno de la Asamblea recibió, en comisión general, a autoridades, actores, docentes y especialistas relacionados con el Sistema Nacional de Educación, quienes expusieron sus puntos de vista y observaciones, en torno al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, de forma previa al inicio del segundo debate de esta normativa.
Así, Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, destacó la importancia de retomar la regencia y administración de los 26 centros educativos que hoy están caracterizados como fiscomisionales, sobre todo por el financiamiento de sus actividades, lo cual permitirá continuar con un sistema de formación y educación en valores.
De su lado, Isabel Vargas Torres, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), expresó la necesidad de fortalecer las políticas educativas de manera que se cumpla con la asignación de, al menos, el 6 % del Producto Interno Bruto (PIB). Por otro lado, pidió que se garanticen los derechos de los docentes, la reincorporación de quienes fueron desvinculados en época de la pandemia y que los traslados de maestros respondan a circunstancias especiales y con la aceptación previa del docente.
Para Ruth Elizabeth Carranza, representante de las Bibliotecas Escolares, es fundamental recuperar el rol de las bibliotecas en la educación básica. “A través de las bibliotecas formamos seres más humanos y más analíticos”, dijo, al indicar que se requiere que el personal bibliotecario sea respetado en sus derechos y que no se envíe a estos lugares a quienes son separados de la cátedra o de alguna otra instancia administrativa.
Entre tanto, José Avilez Miranda, director de Gestión del Distrito Metropolitano de Quito, agradeció que se incluya en la ley la mención de establecimientos municipales, lo cual beneficia al desarrollo de las actividades de las unidades educativas regentadas por esa institución, pues desde 2012 no han podido convocar a concursos de méritos y oposición para la selección de docentes, por la falta de una normativa que especifique la existencia de estos planteles.
Aracely Puetate, de la Federación Nacional de Educadores Populares, pidió que la Ley garantice sus derechos y se reconozca el rol que cumplen en la formación de aquellos ecuatorianos y ecuatorianas que no tuvieron la oportunidad de ser parte de la educación formal, es decir, luchan por erradicar el analfabetismo desde hace cinco, 10, 20, 30 y 50 años, en los cuales les tuvieron como educadores comunitarios o bonificados, sin que se les reconozca la afiliación a la seguridad social.
En el caso del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, el especialista José Cabascango, subrayó que es transcendental que la norma garantice y fortalezca el modelo de gestión de este sistema, que beneficia a las 14 nacionalidades y 18 pueblos del Ecuador. En la actualidad son 142 884 estudiantes, con un total de 9047 docentes, distribuidos en 1476 centros educativos en todo el país.
Otro de los temas que fuero abordado en comisión general fue la recategorización del bachillerato técnico artístico, que pareciera ser una contradicción pero que, a juicio de Javier Domínguez, rector de la Unidad Educativa Luis Ulpiano de la Torre, la vigencia de la denominación de Bachillerato en Artes, limita las opciones de los alumnos en su paso a la siguiente etapa de su proceso educativo.
Igualmente, la etnoeducación afroecuatoriana fue expuesta por John Antón, profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) y por Iván Pabón, subcoordinador de la Mesa de Etnoeducación, quienes destacaron que esta iniciativa permite que las comunidades afroecutorianas recuperen la posibilidad de acceso a un sistema educativo inclusivo, con lo cual se superarán las inequidades existentes en este sector poblacional.
María de Lourdes Ortega, de la Asociación de Padres para el Apoyo y la Defensa de Personas con Autismo, enfatizó en la necesidad de que se determinen políticas que permitan que los niños con autismo puedan acceder a la educación, entendiendo su condición muy particular, puesto que no es posible establecer un manual de comportamiento único para atender a los estudiantes que presenten algún grado de autismo.
Finalmente, Scarleth Tamayo, de la Federación de Estudiantes Secundarios (FESE), lamentó que no se haya acogido la propuesta de tramitar una nueva Ley de Educación Intercultural; sin embargo, en las reformas es imprescindible recuperar la calidad del sistema educativo nacional, tanto en lo urbano, cuanto en lo rural. En este sentido, entre otros aspectos, se mostró partidaria de reformar el Bachillerato Unificado, que fue uno de los ejes que incidieron en la disminución de la calidad educativa.
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