Freddy Carrión Intriago, defensor del Pueblo, aseguró que las actuaciones de la empresa Explocen C.A., respecto del conflicto colectivo que lleva más de seis años sin solución, demuestran que existe persecución y hostigamiento a los trabajadores que son parte del Comité de Empresa. En su comparecencia en la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, la autoridad detalló todas las acciones desarrolladas para tutelar y garantizar los derechos de los trabajadores.
Como parte de la sustanciación de la solicitud de juicio político contra de Andrés Isch, ministro de Trabajo, auspiciada por las asambleístas Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga, Carrión Intriago indicó que se ve claramente que se trata de una persecución cuando se demanda al secretario del Comité de Empresa, Freddy Caisa, por paralización de un servicio público, a sabiendas que la fabricación de explosivos para minería no se inscribe en esta categoría.
Añadió que, en su momento, la Defensoría del Pueblo requirió de las autoridades de la Defensa Nacional, de Trabajo y de los directivos de Explocen actúen en el marco de lo dispuesto en la Constitución y la Ley, inclusive se ofrecieron a actuar como mediadores, a fin de buscar una solución al conflicto que atienda las demandas de los trabajadores y los intereses de la empresa.
Respecto de la militarización de las instalaciones de Explocen que, a decir del Ministro de Defensa se dio en cumplimiento de su deber de prestar seguridad y resguardo de la zona, no es más que una actitud de amedrentamiento para los trabajadores y una actuación que impide el ejercicio del derecho constitucional a la huelga.
Cuestionó, además, la permanente negativa del Ministro de Trabajo de recibir el acta de entrega recepción de los bienes de la empresa Explocen, conforme lo determina la ley.
De su lado, Byron Villacís, exdirector Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), explicó la metodología que se aplica en el establecimiento de las estadísticas en torno al empleo, desempleo y subempleo en el Ecuador. Afirmó que desde 2014 hubo cambios en esa metodología y se incluyó el indicador de empleo inadecuado, que no existe en ningún parte del mundo y no es otra cosa que una desagregación del subempleo.
Enfatizó que se han registrado cambios institucionales, uno de ellos, el que mayor perjuicio ha causado, se dio en 2018, momento en el cual se adscribió el INEC a la Presidencia de la República, hecho que restó credibilidad al trabajo de esta importante entidad de carácter técnico.
Afirmó que en la sucesión de cambios se incluyeron metodologías absurdas que incidieron, por ejemplo, en que desaparezcan de las estadísticas los indicadores provinciales, ahora solo se presentan datos a nivel nacional. Todo esto resta credibilidad a las cifras que presenta el Gobierno.
Al cierre de su intervención, Byron Villacís sugirió que respecto del daño causado en 2018 debería hacer una auditoría que determine responsabilidades administrativas y, hasta penales, ya que a través de esas decisiones se ha incumplido con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. También, habrá que establecer si hubo una adecuada utilización de recursos públicos.
Entre tanto, Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, se excusó de asistir, pues consideró que se ha informado, por escrito, de manera oportuna la participación de su cartera de Estado en ejercicio de la tarea de seguridad y resguardo de la zona en la cual está ubicada a empresa Explocen S.A., que de ninguna manera puede ser calificada como militarización.
Elio Peña Ontaneda, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, agradeció por los aportes al proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra del ministro de Trabajo, Andrés Isch, información que será analizada en su momento para determinar si existe o no incumplimiento de funciones.
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