El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, ratificó que la actuación de las Fuerzas Armadas responde a su rol de resguardo y protección de las instalaciones de la empresa Explocen C.A., específicamente a los polvorines o bodegas, donde se encuentran más de 400 toneladas de explosivos. Esta afirmación fue parte de comparecencia en la Comisión de Fiscalización, en el marco de la sustanciación del juicio político que se sigue en contra de Andrés Isch Pérez, ministro de Trabajo.
Jarrín explicó que la presencia de un reducido grupo de militares que custodian los polvorines de Explocen de ninguna manera puede interpretarse como una militarización, puesto que no existen los elementos para un sometimiento de la autoridad civil a las Fuerzas Armadas, ni la imposición de protocolos castrenses que incidan en una militarización.
Indicó que su pedido al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco) para que realice un operativo de resguardo de las instalaciones de Explocen responde a las alertas recibidas acerca de una paralización de actividades y la toma de las instalaciones de la empresa, así como a su deber de prevenir cualquier manejo inadecuado de los explosivos, que ponga en riesgo la integridad y la vida, no solo de los trabajadores, sino de las personas que viven en la zona.
Aseguró que la legislación vigente faculta a las Fuerzas Armadas a desarrollar acciones de vigilancia, resguardo y protección de las instalaciones de entidades públicas, en particular de sectores estratégicos. Toda la actuación de la institución armada está amparada en la Constitución y la Ley, dijo.
De su lado, Alejandro Vela, director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), informó que la entidad mantiene inversiones en distintos sectores, uno de ellos, la empresa Explocen C.A. y, por esa razón la administración de la empresa informa periódicamente de cómo avanzan sus actividades. En este contexto, una vez se emitió el fallo del Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje por el cual se dejan sin efecto varios puntos del pliego de peticiones de los trabajadores, uno de ellos, la declaración de huelga, se solicitó que abandonen de manera inmediata las instalaciones, a fin de reanudar la labores normales.
Añadió que en ningún momento se trató de un desalojo, pues se pidió la presencia de la Policía que realice el acompañamiento para los obreros que querían retornar a las actividades, pues jamás se pretendió sacar furtivamente a quienes se encontraban en la fábrica.
Entre tanto, Byron Vizcaíno, gerente de Explocen, confirmó que el fallo de instancia superior deja sin efecto la declaratoria de huelga, por tanto, los trabajadores debían reintegrarse a sus labores de manera inmediata, una vez se notificó la ejecutoria del referido fallo, lo cual no ha ocurrido hasta el momento.
Respecto del pago completo de las remuneraciones, dispuesto mediante sentencia de la Corte de Justicia de Tungurahua, el gerente aclaró que este tema se encuentra en el Tribunal Contencioso Administrativo, con sede en Ambato, y se está a la espera de la decisión de esta instancia para proceder de la manera que disponga la autoridad judicial.
Según Vizcaíno, la empresa está integrada por 91 trabajadores, 51 de ellos se oponen a retomar las labores, frente a 40 que quieren volver a la normalidad. Por tanto, el Comité de Empresa no representa sino a una parte de los obreros. Añadió que están abiertos al diálogo y a acoger la propuesta de la Defensoría del Pueblo para alcanzar una mediación que permita solucionar este conflicto colectivo.
Elio Peña Ontaneda, presidente de la Comisión de Fiscalización, agradeció los aportes de los comparecientes, a fin de contar con los elementos de juicio necesarios que permitan establecer la responsabilidad política del Ministro de Trabajo respecto del manejo del conflicto colectivo de Explocen.
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