En la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Navarrete, director subrogante del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), al señalar la serie de dificultades que atraviesan los centros cárcelarios: hacinamiento, violencia e inseguridad penitenciaria y falta de personal técnico, subrayó que no hay niveles de seguridad para la ubicación y tratamiento de personas privadas de libertad, a fin de clasificarlos en máxima, media y mínima seguridad.
Indicó que hay hacinamiento de 8787 personas privadas de libertad (29.39 %) con relación a la capacidad de los centros. Al momento hay 1500 guías penitenciarios y se necesita 7500 para hacer el control efectivo en las cárceles. Hace falta personal técnico, capacitaciones a las personas privadas de la libertad (ppl), planes de reinserción, así como una evaluación técnica y mejoramiento de todos los sistemas de gestión penitenciaria.
Una de las últimas acciones fue el traslado de 500 ppl causantes de la violencia intracarcelaria para reubicarlos en otros centros. Navarrete dijo que hay que sancionar los comportamientos inadecuados y las conductas que atenten a la paz y tranquilidad de los centros. Hace falta nuevos centros de privación de libertad con espacios que permitan clasificar a los presos por su nivel de peligrosidad, añadió.
Mencionó que la inestibilidad laboral de los encargados de expedientes hace que se estanquen los procesos. Desde el segundo semestre de 2019 se han despachado 5657 trámites para beneficios penitenciarios; en el 2020 se evacuaron 7173 expedientes pese a las dificultades generadas por la pandemia por COVID-19; y, en el 2021 se despacharon 974 expedientes.
En materia de judicialización señaló la falta de especialización en temas de garantías penitenciarias y conocimiento técnico sobre rehabilitación social para la resolución de beneficios penitenciarios y cambios de régimen. Hace faltas reformas al Código Integral Penal, respecto al acceso del régimen semiabierto; además que no existe un proceso definido para el funcionamiento de las Unidades Judiciales de Garantías Penitenciarias, mencionó el director subrogante del SNAI.
El asambleísta Juan Cristóbal Lloret formúló varias preguntas respecto de los presupuestos destinados al Sistema de Rehabilitación Social, cuántas denuncias presentadas por ingreso de objetos no permitidos a las cárceles, cuántos procesados, cuántos sentenciados y quién tenía las llaves de las celdas.
Al dar respuestas, Jorge Navarrete señaló que en el 2019 el presupuesto era de 98 millones de dólares y en el 2020 se redujo; señaló que presentaron las respectivas denuncias a los organismos competentes para iniciar investigaciones por el ingreso de objetos no permitidos. Precisó que es obligación de los agentes penitenciarios tener las llaves de las celdas; sin embargo, en el último amotinamiento los pabellones no estuvieron en control de los agentes de seguridad.
Nueva comparecencia
La Comisión de Derechos Colectivos revolvió citar por tercera ocasión al comandante general de la Policía Nacional, Patricio Carrillo; e invitar al actual ministro de Gobierno, Gabriel Martínez Castro para que informen sobre el estado de los centros de privación de libertad del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.
Respecto del comandate Carrillo, los parlamentarios indicaron que en caso de inobservar la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en torno a procesos de fiscalización, podrán en conocimiento del Presidente de la Asamblea Nacional para que inicie los procesos respectivos.
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