Con los criterios de los representantes del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces), la Comisión del Derecho a la Salud analizó la problemática enunciada por varios médicos que no aprobaron el examen de habilitación para el ejercicio profesional, en busca de una solución definitiva.
Más allá de la parte laboral, se trata de un problema de salud, que afecta al desarrollo, desenvolvimiento y cuidado de la salud de los ecuatorianos, mencionó al inicio de la sesión, el asambleísta William Garzón, presidente de la Comisión.
La representante de los médicos que no aprobaron el examen de habilitación profesional del Caces, Alisson Clavón Maigua, afirmó que hubo filtración de las preguntas del examen rendido en octubre pasado y que la metodología de calificación para la habilitación profesional es desactualizada, pues corresponde al 2003.
Advirtió que solo el 47.84% de los médicos aprobó el examen de habilitación profesional y que en el proceso se vulneró el derecho a la seguridad jurídica, porque no había un reglamento. Entre los problemas registrados en el proceso de calificación consta el incumplimiento del cronograma; y, la no aplicación de la resolución mencionada en el informe de resultados, se entiende que el mínimo para aprobar es 64/120.
Diana Martínez, también representante de los médicos, sostuvo que existen inconsistencias en el informe de resultados del examen expuesto en la página web del Caces. Aseguró que se trata de un examen que no cumple los objetivos, que nos les servirá en el ejercicio de la medicina rural. Que no contenía preguntas referentes a la epidemiología, enfermedades crónicas no transmisibles, de morbilidad del país y competencias que un médico general debe tener.
Informó que ante estas irregularidades acudieron a la Función Judicial para interponer una acción de protección y cerca de 100 procesos judiciales.
Pronunciamiento Caces
De su lado, la consejera Adriana Romero Sandoval, presidenta de la Comisión de Habilitación para el Ejercicio Profesional del Caces, explicó las condiciones del examen de habilitación para el ejercicio profesional en Medicina, Odontología y Enfermería. Aclaró que oportunamente se emitió el reglamento que operativiza el procedimiento para el examen y que este se desarrolló en cumplimiento de la Ley de Educación Superior.
Explicó que para la elaboración del examen se considera el perfil profesional del médico, odontólogo y enfermero, las mallas curriculares de las universidades, la situación de mortalidad y enfermedad, y el modelo de atención integral de salud. Además, que las preguntas del examen fueron elaboradas por los profesores, con la bibliografía utilizada por los docentes que participan en el proceso.
Tras sostener que "es falso que se haya modificado el método de calificación" expuso que "se consideran las condiciones de cada grupo que se presenta a la evaluación"; que todas las universidades participan en el proceso de habilitación para el ejercicio profesional, unas en la elaboración de las preguntas, en la metodología de calificación y otras en evaluación de las respuestas.
Dijo que el proceso de evaluación se realiza con observadores del Consejo de Educación Superior, de las entidades de educación superior y del Ministerio de Salud, para que conozcan cómo se realiza el examen de habilitación. Explicó que el Caces elabora las guías metodológicas para el examen, las que son entregadas inmediatamente después de la convocatoria, es decir tienen 20 días laborales para que se preparen antes de la prueba.
Ante las denuncias de irregularidades expuestas por los representantes de los médicos rurales, el asambleísta Ángel Sinmaleza expresó que es fundamental respetar los derechos de los futuros profesionales de la Medicina que este momento no pueden ejercer el año de salud rural.
Dijo que el sistema sanitario del país se ha quedado sin profesionales en el nivel básico en el sector rural y reiteró que se necesita calidad de los profesionales para asegurar la eficiencia de los servicios de salud. Por tanto, el problema generado en el examen de habilitación para las prácticas profesionales, necesita de solución inmediata.
La legisladora Nancy Guamba afirmó que es preocupante la problemática que enfrentan los estudiantes que aspiran realizar la medicina rural y que las autoridades se deben sensibilizar y buscar alternativas de solución. De su lado la legisladora Patricia Henríquez señala que es importante considerar las secuelas psicológicas en los estudiantes, ya que trabajaron en primera línea en atención a pacientes con COVID-19.
Por último, William Garzón tras manifestar que la prevención es fundamental para la salud y en este ámbito los médicos rurales cumplen un rol importante en el trabajo con las comunidades, lamentó que desde el Caces no hayan respuestas alentadoras de solución al problema. Advirtió que al parecer la única vía de solución es la judicial por lo que llamó al diálogo.
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