Representantes de los servidores públicos y trabajadores sindicalizados expusieron ante la Comisión de Fiscalización, que preside Elio Peña Ontaneda, la problemática laboral que afronta el país y, a la vez, plantearon cambios en la legislación para garantizar sus derechos, en el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra del ministro de Trabajo, Andrés Isch, auspiciada por Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga.
Como parte de las pruebas de descargo requeridas por el ministro Isch, la mesa recibió a Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos y a Édgar Luis Sarango, de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE).
Miguel García cuestionó, por ejemplo, la norma contenida en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Servicio Público, por la cual el funcionario incurre en responsabilidad administrativa por incumplimiento de obligaciones o por contravenir disposiciones legales. En este caso, se atribuiría tal incumplimiento cuando se ejerce lo previsto en el artículo 22, de los deberes de los servidores públicos, literal “… d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El servidor público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores que sean contrarias a la Constitución de la República y la Ley…”.
Mencionó que si un funcionario se niega por escrito a cumplir con órdenes superiores contrarias a la Constitución y la Ley, por otro lado, si el superior persiste en su orden, también por escrito, el servidor no puede negarse y se convierte en cómplice de un acto ilícito. Luego, el superior jerárquico se va, se lleva la documentación y resulta que el autor de esa ilegalidad es el funcionario de carrera. Por ello, pidió la revisión de esta normativa.
De otro lado, coincidió con el criterio del Ministro de Trabajo en el sentido de que no podía interferir en las decisiones que pueda tomar el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en el conflicto laboral de Explocen C.A., porque habría significado una intromisión política.
Entre tanto, Édgar Sarango recordó que los derechos de los trabajadores deber ser progresivos y no regresivos, pues en los 83 años de vigencia del Código de Trabajo no se ha logrado contar con normas que garanticen la estabilidad laboral, ni mejorar la situación de los obreros.
Añadió que es necesario que se dicten leyes que promuevan la generación equitativa de empleo y que combatan la acumulación ilegal del capital en pocas manos. “Es necesario que la Asamblea Nacional establezca una política permanente de fiscalización para comprobar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, tanto en el sector público, cuanto en el privado”, dijo.
Sarango consideró que los últimos años ha existido una política permanente de persecución a los trabajadores, lo cual no puede continuar si es que se quiere respetar el mandato por el cual Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia.
Elio Peña, titular de la Comisión de Fiscalización, tras agradecer la presencia de los representantes de los servidores públicos y de los trabajadores sindicalizados, anticipó que sus aportes serán considerados para, en su momento, proponer las reformas legales que sean necesarias, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos laborales, en los sectores público y privado.
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