Tras más de cinco horas de sesión, la Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside Elio Peña Ontaneda, con nueve votos afirmativos, recomendó que el Pleno de la Asamblea dé paso a la siguiente fase del juicio político en contra del ministro de Trabajo, Andrés Isch Pérez, propuesto por las asambleístas Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga, por presunto incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley.
De esta manera, el informe será remitido a la Presidencia de la Asamblea, a fin de que disponga su difusión y, posteriormente, se incluya en el orden del día para el desarrollo del correspondiente juicio político en el cual, de ser el caso, se determinará si existen los argumentos para determinar la correspondiente censura y destitución de Andrés Isch Pérez, titular de la cartera de Trabajo.
En la votación de la moción propuesta por el legislador Elio Peña se registró, además, la abstención del representante de la provincia de El Oro, Franco Romero Loayza.
Causales
La mesa consideró que se ha demostrado el incumplimiento de funciones del Ministro de Trabajo respecto de tres causales, relacionadas con la interpretación del artículo 169.6 del Código de Trabajo, respecto a qué se debe entender por “caso fortuito o fuerza mayor”; cuando, lo que debió hacer era canalizar, a través de la Asamblea Nacional la aprobación de una reforma a la Ley Humanitaria o al Código del Trabajo.
Así mismo, en la falta de entrega de información al Observatorio de la Ley de Discapacidad, con la obstrucción del cumplimiento de la misión y objetivos del mencionado organismo, configurándose así, el incumplimiento. También, incumplió funciones al no acatar lo que disponen la Constitución y el Código de Trabajo, respecto de la progresividad en la fijación de la remuneración básica unificada para el 2021, contraviniendo el principio de favorabilidad para el trabajador en la toma de decisiones.
La Comisión, en cambio, desestimó las causales relacionadas con las acciones u omisiones del funcionario en el caso Explocen C.A.; sobre falta de protección a las personas en condición de vulnerabilidad en los acuerdos ministeriales dictados para la reducción de la jornada laboral emergente; y en torno a la supuesta falta de registro oportuno de la prohibición de ejercer cargo público a la exministra de Gobierno, María Paula Romo, luego de la censura y destitución dispuesta por la Asamblea Nacional.
Elio Peña, presidente de la Comisión de Fiscalización, destacó el trabajo cumplido por este organismo y, sobre todo, por el absoluto respeto a las garantías del debido proceso para las partes y, en particular, para el ejercicio del legítimo derecho a la defensa, durante la sustanciación de la solicitud de este juicio político.
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