Con el propósito de tratar sobre los hechos suscitados en Napo y Orellana relacionados con actividades extractivas en las zonas donde habita la comunidad waorani Dikapare, la Comisión de Derechos Colectivos recibió al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, para que dé cuenta de la intervención de las Fuerzas Armadas en la zona.
El secretario de Estado manifestó que la actuación de los militares se produjo para proteger los bloques petroleros de las agresiones, una vez que se produjo un conflicto laboral entre la empresa Ecuaservoil y miembros de la comunidad Dikapare por el no pago de utilidades del año 2020.
“Los bloques petroleros son áreas estratégicas que deben ser protegidas de toda agresión, el bloque 55 (Armadillo) y las vías de acceso se encuentran tomadas por la comunidad de Dikapare”, expresó el ministro de Defensa.
Así mismo, remarcó que las Fuerzas Armadas realizaron una operación de control y protección del área estratégica. Sostuvo que, frente a la violencia y agresividad de los manifestantes se empleó el uso racional de la fuerza bajo advertencia, luego de verbalizar y como último recurso empleando equipo no letal en forma proporcional y con respeto a los derechos humanos, a pesar de haber recibido ataques y de que se tomaron el bloque 55.
Fue enfático al resaltar que el conflicto no es entre militares ni indígenas, sino un lío laboral entre la comunidad waorani Dikapare y la empresa Ecuaservoil. Pidió no poner a las Fuerzas Armadas como protagonista de un conflicto que no le pertenece.
El presidente de la Comisión, Jaime Olivo, rechazó la violencia, pidió que el conflicto se solucione mediante el diálogo y que las investigaciones sobre las agresiones se realicen de forma objetiva e imparcial.
Contrato Ecuaservoil
El ministro de Energía y Recursos no Renovables, René Ortiz, fue citado para informar sobre las concesiones y permisos otorgados a la compañía Ecuaservoil. Durante la intervención indicó que el contrato de prestación de servicios no ha sido suscrito por el Ministerio, sino por Petroamazonas (ahora Petroecuador), originalmente el 10 de febrero de 2015 y modificado en varias ocasiones.
El secretario de Estado se sumó a los comentarios del ministro de Defensa y señaló que este tema es netamente laboral. Puntualizó que el diálogo permitirá crear consensos enmarcados en las leyes.
Mientras que, Germán Pillajo, gerente de Producción de Petroecuador, explicó a detalle el contrato que mantiene Ecuaservoil. “Es un contrato para la Provisión de Servicios Específicos Integrados para la ejecución de actividades de optimización de la producción, actividades de recuperación y actividades de exploración en el Campo Armadillo”, especificó.
Gonzalo Maldonado, gerente de Petroecuador, informó que como dueños del campo han manifestado a la gerencia de Ecuaservoil su preocupación por los niveles de violencia suscitados, en tal sentido, dijo que les instó a que se sienten en una mesa de negociación para que se resuelva este tema laboral. Informó que la empresa ha tenido gran disposición de diálogo y colaboración con Petroecuador y ha prometido analizar la posibilidad de llegar a un acuerdo con funcionarios locales que trabajan en el campo Armadillo, la solución eventual sería el pago de un bono que correría por cuenta de Ecuaservoil, anunció.
Vulneración de derechos
Gilberto Nenquimo, representante del Consejo de Gobierno de la nacionalidad Waorani, fue citado ante la mesa para explicar sobre el accionar de las Fuerzas Armadas en contra de la nacionalidad Dikapare. En su intervención dijo que si solo es un conflicto laboral como detallaron las autoridades de Estado no debería existir militarización en la comunidad porque eso representa violación a su autonomía territorial.
Destacó que en el territorio donde se desarrolló el conflicto hay la presencia de siete camiones militares lo que, sin duda, agravó el conflicto porque la comunidad se vio amenazada. Expresó, además, que hay una constante vulneración de sus derechos porque no se cumple la Ley Amazónica y otras que benefician a los pueblos y comunidades ancestrales.
Tras esta intervención, el presidente de la Comisión, Jaime Olivo, suspendió la sesión.
SV/cz
Más fotografías:
