La Comisión de Desarrollo Económico continuó con el tratamiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) frente al incumplimiento en la entrega de información por el Ministro de Energía y el proyecto de Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva.
Sobre el primer punto, el presidente de la Comisión, Esteban Albornoz, dio a conocer que una vez que se inició con el trámite previsto en el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Ministro de Energía, René Ortiz, entregó más de 600 documentos digitales a destiempo, la información sin firma de responsabilidad y algunos documentos con claves que no han sido proporcionadas a la mesa.
Remarcó que al recibir los informes sin firma no sirven para iniciar ningún proceso de fiscalización.
Así mismo, señaló que la intención de la Comisión no era iniciar un juicio político en contra del Secretario de Estado, sin embargo, emitiría un informe sobre el incumplimiento en cuanto a la entrega de información para que se adjunte a la solicitud de juicio político que ya está planteado.
Los comisionados se mostraron insatisfechos por la información recibida y solicitaron que se envíe una carta de protesta al CAL detallando las inconsistencias en la entrega de información por parte del Ministro, el fin es dejar constancia de los incumplimientos de la autoridad.
Los legisladores comentaron que es fundamental que se respete a la Asamblea Nacional y su labor de fiscalización de acuerdo con el artículo 120 numeral 9 de la Constitución. “Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias”.
Aprobación del informe de Economía Circular Inclusiva
En otro tema, con 11 votos afirmativos la Comisión aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Economía Circular Inclusiva.
La normativa tiene por objeto definir las atribuciones y responsabilidades de las entidades, organismos y dependencias que comprenden el sector público en el marco de la economía circular inclusiva; establecer criterios y mecanismos específicos orientados a prevenir y disminuir la generación de residuos y fomentar su aprovechamiento, su reutilización, el reciclaje y otro tipo de valorización, a través de la implementación de los principios de economía circular, y otros instrumentos de gestión de residuos.
El proyecto de ley tiene como finalidad favorecer el crecimiento económico, la creación de empleo y la generación de condiciones que favorezcan un desarrollo sostenible y disminución de consumo de recursos no renovables.
La asambleísta Doris Soliz, una de las proponentes de la normativa, indicó que el proyecto de ley es enriquecedor para el futuro del país en lo que respecta a producción y consumo responsable, tras su declaración mocionó aprobar el informe.
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