El Pleno de la Asamblea, este jueves, 29 de abril, retomó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica que Reforma Diversos Cuerpos Legales para Reforzar la Prevención y el Combate al Comercio Ilícito, Fortalecer la Industria Nacional y Fomentar el Comercio Electrónico, sobre la base del informe preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
La propuesta establece un marco jurídico idóneo para combatir el contrabando, la defraudación y la receptación aduanera, los actos lesivos contra la propiedad intelectual y el lavado de activos, así también adecua las penas contra los delitos asociados al comercio ilícito.
El asambleísta José Serrano Salgado, ponente del informe, destacó que este proyecto no solo combatirá el contrabando, sino que tiene un enfoque integral que involucra una serie de delitos conexos, que también afectan al sector comercial. Esta ley permitirá atacar las estructuras criminales que están articuladas entre sí para cometer lavado de activos, trata de personas, narcotráfico, defraudación aduanera, entre otros, que afectan a nuestra democracia, enfatizó.
Explicó que la comisión revisó las observaciones formuladas por los asambleístas en el primer debate, así como las propuestas de gremios y organizaciones de productores del país. También se analizaron normas que se aplican con éxito en la región. Aseguró que se adecuaron los textos para que se ajusten al objetivo de legislar sobre las causas y efectos de la economía criminal sobre el desarrollo del país. Por tanto, consideran imperativo normar el comercio ilícito, fomentar la producción nacional, el comercio electrónico y fortalecer el trabajo coordinado entre las instituciones involucradas.
La normativa incide en el fortalecimiento institucional, con la conformación de un Comité Interinstitucional; defensa de la propiedad intelectual, propiedad industrial y derechos de autor; adecuación de las penas para delitos asociados al comercio ilícito, en materias de contrabando, defraudación aduanera, receptación aduanera, actos lesivos a la propiedad intelectual y lavado de activos; aplicación de sistemas de trazabilidad y bases de datos; y fomento de la producción nacional.
Esta ley incluye reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP); al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; al Código Orgánico de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos; al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; y a la Ley de Comercio Electrónico.
Comisión general
Previamente, el Pleno recibió en comisión general a representantes de sectores productivos de la provincia del Azuay, quienes abogaron por la aprobación de esta ley, que permitirá combatir el contrabando y todas las formas de comercio ilícito.
En este marco, Andrés Robalino, director de la Cámara de Industrias del Azuay, subrayó que el gran perdedor del comercio ilícito es el consumidor, ya que está expuesto a comprar productos de mala calidad, que afectan a su salud, así como al medio ambiente, pues se trata de una actividad que destruye más de 13 mil empleos por año, lo cual no solo afecta a la producción, sino al fisco, debido a la falta de pago de obligaciones tributarias. Por ello, se requiere de manera urgente una ley que establezca una política de Estado de combate al comercio ilegal, agregó.
De su lado, Fernando Romero, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Azuay, aseguró que durante la pandemia se perdieron 27 mil millones de dólares en 2020, y, a febrero de 2021, las pérdidas alcanzan 11 mil millones de dólares. A esto se suma la caída del empleo en Ecuador por 935 mil plazas. Así mismo, consideró necesario construir un marco legal que permita la prevención y el combate al comercio ilegal, defender la industria nacional e impulsar el comercio electrónico para ayudar a la recuperación del empresariado nacional.
Entre tanto, Lilia Villavicencio, titular de la Cámara Nacional de Calzado, enfatizó que la pandemia rompió las estructuras de la producción nacional, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Aseveró que esta ley debe contar con el visto bueno de todos los asambleístas comprometidos con el desarrollo del país, para atacar el contrabando, que afecta al sector productivo, al consumidor y, sobre todo, al propio Estado, que deja de percibir ingresos por concepto de tributos.
Debate
En el inicio del debate, varios asambleístas expresaron sus puntos de vista alrededor de los objetivos del proyecto, el más importante relacionado con la protección del comercio formal, puesto que anualmente el país pierde 400 millones de dólares, por falta de recaudación tributaria. También, se sugirió que sea este el marco jurídico propicio para promover una política nacionalista de consumo.
También, se planteó la necesidad de combatir al contrabando desde adentro, a través de la reducción de los costos de producción, taifas eléctricas y una alta carga tributaria que hace atractivo al comercio ilícito. Así mismo, se destacó la necesidad de fomentar una cultura tributaria y una articulación adecuada en la gestión de las autoridades para el ejercicio de las acciones de control del contrabando y los delitos conexos.
Luego de la participación de cinco legisladores, incluido el ponente del informe, el segundo Vicepresidente, Patricio Donoso Chiriboga, suspendió la sesión, misma que se reinstalará oportunamente.
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