En su condición de representante de la provincia de Pastaza, el legislador Elías Jachero presentó el proyecto de reforma a la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA), que crea mecanismos para evitar la manipulación de las cifras de la producción petrolera de la Amazonía y asegurar las rentas que le pertenecen para su desarrollo.
Explicó que su propuesta tipifica como delito contra la fe pública la alteración de los volúmenes globales de petróleo producido en la región, a fin de evitar que se perjudique los intereses de la CTEA, considerando que en base a esta producción se calculan los ingresos económicos que financian el Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico y el Fondo Común previstos en la referida ley.
Igualmente resaltó que la propuesta prevé sanciones pecuniarias para las empresas que incumplan las disposiciones referentes al empleo preferente y que en el marco de la Ley de Compañías conmina a las empresas privadas que operan en las provincias amazónicas, a que adquieran los bienes, productos y servicios que requieren para el cumplimiento de sus operaciones en el mercado local o en localidades cercanas al sitio en que realizan sus operaciones, dentro de la Circunscripción, sancionando pecuniariamente su incumplimiento.
Jachero enfatizó que el proyecto establece disposiciones para que la Secretaría Técnica de la CTEA se responsabilice de la defensa de los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario y que cuando dos o más circunscripciones provinciales sufran los efectos de la contaminación ambiental, (como en el caso del derrame petrolero producido por la rotura de los oleoductos SOTE y OCP de abril de 2020) por acción u omisión de empresas públicas, privadas, mixtas o comunitarias, la Secretaría Técnica de la CTEA -ante la falta de acción coordinada entre los gobiernos de las provincias afectadas- sea la responsable de coordinar acciones tendientes a impulsar la limpieza, remediación, reparación e indemnización previstas en el Código del Ambiente.
Por último, dijo, dispone que el Consejo de Planificación y Desarrollo y la Secretaría Técnica de la CTEA se responsabilicen de hacer cumplir las disposiciones previstas en la Ley Amazónica.
