La Comisión de Garantías Constitucionales, que preside el asambleísta Fernando Cabascango, escuchó a Zaida Rovira, defensora del Pueblo Subrogante, quien detalló las acciones que implementó esta institución para salvaguardar los derechos humanos y fundamentales de las personas y los derechos colectivos definidos en la Constitución de la República. Allí señaló que entre los años 2019 al 2021 se activaron 33.346 acciones defensoriales a escala nacional. Además, se presentaron 1.145 garantías jurisdiccionales.
Al referirse al caso Furukawa enfatizó que se constató que trabajadores sin contratos laborales ni seguridad social, además de vivir e condiciones miserables en campamentos sin agua, sin luz, ni saneamiento ambiental por más de 55 años de existencia de esta empresa. En tal virtud, se presentó una acción de protección a favor de los trabajadores y extrabajadoras de Furukawa.
En cuanto al sistema penitenciario, informó que se realizó seguimiento al dictamen de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de la declaratoria de estado de excepción debido a la conmoción interna en todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a escala nacional, así como visitas periódicas. Sobre los derechos de la naturaleza se intervino para la remediación ambiental por el derrame de petróleo del OCP en las provincias de Orellana, Sucumbíos y Napo.
En otro orden, consideró necesario reformas el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Movilidad Humana, Ley de Defensa del Consumidor. Recordó que la Defensoría del Pueblo presentó proyectos ante la Asamblea Nacional sobre la Ley de Vivienda de Interés Social; Ley Sustitutiva a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros, a fin de garantizar los derechos humanos de todos.
JLVN/pv
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