Una delegación de asambleístas de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos y Colectivos de la Asamblea Nacional llegó hasta la población de La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, para constar in situ las afectaciones de la población tras el enfrentamiento con las fuerzas del orden por una posible contaminación a causa de la minería ilegal.
El resguardo policial a la empresa minera Hanrine produjo el enfrentamiento entre la fuerza pública y los habitantes de la parroquia La Merced de Buenos Aires, Aproximadamente, 500 miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas llegaron hasta este poblado, codiciado por el oro que existe en sus montañas y despejaron la vía de ingreso.
El asambleísta Fernando Cabascango, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, informó que luego de constatar los hechos y la recopilación de testimonios han determinado que existió vulneración de derechos y exceso de la fuerza, información que la sistematizarán junto a otros datos para generar un informe en la mesa legislativa y de ser el caso iniciar un proceso de fiscalización a las autoridades involucradas en el tema.
Rechazó el exceso de la fuerza, más aún cuando están de por medio personas adultas mayores y mujeres, que en su legítimo derecho a la resistencia han estado defendiendo el buen vivir en el territorio.
El parlamentario adelantó que una vez que reciban la información solicitada a las autoridades competentes se determinará si es necesaria su comparecencia o es suficiente para tomar decisiones dentro del informe.
De su lado, el asambleísta Mario Ruiz señaló que le llama la atención que la empresa haya presentado una acción de protección en Quito, para continuar la actividad y sin contar con la opinión del pueblo de Buenos Aires el juez concedió la acción a favor de la empresa Hanrine.
“El problema es que la empresa minera entra a la fuerza sin respetar a los verdaderos dueños del territorio, ocasionando problemas socio económicos entre sus habitantes”, recalcó.
A criterio de legislador, se debe propiciar una consulta previa para que sea el pueblo de Imbabura el que se pronuncie en las urnas si quiere minería en fuentes de agua. También consideró necesario trabajar en una reforma a la Ley que deje sin efecto la disposición que establece que el Estado ecuatoriano tendrá hasta 8% de las regalías.
Aseveró que de acuerdo con la normativa vigente, en Buenos Aires de cada 100 dólares que salga de regalía de oro, 92 % se llevaría la empresa que explota y apenas el 8% quedaría en Ecuador, lo cual es inadmisible.
RSA/pv
