El Grupo Nacional Ecuador Parlamentarios para la Acción Global realizó el segundo conversatorio Internacional sobre "Derechos Humanos de las mujeres, estándares internacionales e interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación”. El conversatorio estuvo integrado por Lola Valladares, Liliam Kechichian y Ana Cristina González, quienes abordaron la temática en base a estándares internacionales desde la realidad de sus países.
La legisladora, Esther Cuesta sostuvo que estos conversatorios tienen como finalidad socializar temas de derechos a mujeres y a la par crear espacios de diálogo con la participación activa de la sociedad.
Lola Valladares, Oficial Nacional de Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), felicitó la iniciativa del Grupo Parlamentario y se refirió a las observaciones y recomendaciones del Comité de Derechos Económicos y de Derechos Humanos, en los cuales estipulan que el Estado debe revisar el COIP, a fin de introducir excepciones adicionales a la interrupción voluntaria del embarazo, incluyendo una violación, aún cuando la mujer no padezca de discapacidad mental y asegurar que las barreras legales, no lleven a las mujeres a recurrir a abortos inseguros que puedan poner en peligro su vida y salud.
Liliam Kechichian, hizo referencia a los avances obtenidos en Uruguay, luego de la aprobación de la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva. Esta normativa habilita que la mujer aborte por voluntad propia en las primeras 12 semanas de gestación, pero le exige que comparezca previamente ante una comisión asesora compuesta por un ginecólogo, un trabajador social y un profesional de salud mental.
De su lado, Ana Cristina González, mencionó que el problema que enfrenta la mayoría de mujeres y menores de edad es el desconocimiento de los procedimientos para interponer una demanda y a su vez el miedo a la revictimización o a ser amenazadas por parte de sus victimarios.
La legisladora Pierina Correa enfatizó que existen otras alternativas para precautelar la vida de la madre y del gestante. Mencionó que el Estado debe garantizar la adecuada capacitación, con el fin de que las mujeres y niñas conozcan las consecuencias físicas y psicológicas que derivan la decisión de abortar.
La exlegisladora Silvia Salgado hizo referencia a la importancia de contar con políticas públicas que garanticen un sistema sanitario adecuado en casos de violación. Recomendó que el nuevo Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna), ponga más énfasis en el derecho a la salud sexual y reproductiva.
KC/pv
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