La Comisión de Gobiernos Autónomos escuchó la opinión de expertos internacionales sobre el proyecto de Ley de Vivienda de Interés Social, en el marco de la elaboración del informe para segundo debate.
Raquel Rolnik, exrelatora Especial del Derecho a la Vivienda de la Organización de Naciones Unidas, manifestó que si bien es importante el proyecto que estudia la mesa, se debe avanzar en el debate de la vivienda adecuada, el suelo urbanizado y la construcción de ciudad que garantice el acceso de las grandes mayorías.
Aseveró que el trabajo no se pueden limitar a la construcción de vivienda y concesión de crédito hipotecario, pues ello garantiza la atención a las personas que tienen capacidad de pago, no así a la amplia mayoría de la ciudadanía.
Comentó que es un proyecto muy relacionado con la industria de la construcción civil o inmobiliaria, al sector financiero y la aplicación de subsidios.
Nuestro principal problema en América Latina no es techo, sino suelo urbanizado, para construir una ciudad para las mayorías más pobres y vulnerables, subrayó la experta al reiterar la necesidad de dotar de recursos a las municipalidades para hacer desarrollo urbano; a las asociaciones y cooperativas para comprar y desarrollar el suelo y a partir de allí la construcción de la casa se vuelve más fácil.
De su lado, Enrique Ortiz, integrante de Habitat International Coalition América Latina, advirtió que “la financiarización del suelo”, ha agudizado el problema de vivienda, tema que debe ser enfrentado en el proyecto, a la vez subrayó que el trabajo no puede estar orientado hacia el mercado solamente, o a la expansión de las ciudades en manos del mercado, puesto que es un factor que ha generado graves problemas.
Aseveró que en México, por ejemplo, la población creció tres veces, mientras que las ciudades crecieron once veces, hecho que impide emprender en una vivienda adecuada, pues la gente se ve obligada a ir a la periferia, en perjuicio de la gente más pobre, ya que no tiene medios de transporte ni servicios adecuados, que afecta la calidad de vida.
Tras reiterar que es necesario reconocer todas las formas de producción y de propiedad con acceso al sueldo urbanizado, con servicios y bien ubicados, recordó que la Constitución de Ecuador reconoce el derecho universal a una vivienda adecuada y digna.
En la reunión también presentó sus observaciones Mary Wingo, PHD por la Universidad de Texas y representante del proyecto Minga por el Ecuador.
PV
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