La Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales analiza dos propuestas de modificación a la Carta Política, que cuentan con dictamen de la Corte Constitucional, una orientada a que el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos sea electo con el voto popular y no dependa del Ejecutivo, del cual hubo criterios contrarios; y, otra para que la Asamblea tenga una mayor incidencia en el manejo del presupuesto del Estado, que fue expuesto por su proponente el exlegislador Marcelo Simbaña.
Diego Gordillo, asesor jurídico del Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador, dijo que está de acuerdo con la enmienda al artículo 258 de la Constitución, para que la elección del Presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos sea a través del voto popular y, con ello, espera que forme parte del Congope.
Mientras, Amelia Ordóñez, especialista en gestión y planificación territorial, indicó que la existencia del Régimen Especial de Galápagos generó una normativa aplicable con especificidades acordes a la realidad local, donde se sustenta la toma de decisiones de la provincia.
Explicó el modelo de administración actual, mismo que a su criterio debe mantenerse, porque no hay un trasfondo sólido que justifique la enmienda planteada por el exparlametario Washington Paredes, quien solo señala que hay un creciente descontento popular en la provincia de Galápagos, por la forma de designación de su máximo representante.
En otro orden, los comisionados escucharon al exasambleísta Marcelo Simbaña, quien expuso el alcance de su proyecto de enmienda constitucional, mismo que busca limitar el excesivo presidencialismo en la construcción del Presupuesto General del Estado.
Planteó reforzar la capacidad de la Asamblea Nacional, respecto del conocimiento y aprobación del Presupuesto, y de ser necesario, el Parlamento pueda reformar la proforma así como la programación cuatrianual con estricto respeto de la ley.
Señaló que su propuesta determina que el Presupuesto destinado a financiar el sector de la Defensa Nacional y la Seguridad Ciudadana, se incremente cada año en un porcentaje no inferior al 0.5% del PIB. Esto obedece a que es indispensable que Ecuador y sus instituciones cuenten con los recursos económicos, técnicos y humanos suficientes para combatir al crimen y la delincuencia organizada transnacional, precisó.
El presidente de la Comisión Ocasional de Enmiendas, Francisco Jiménez, agradeció a los comparecientes y señaló que las observaciones planteadas serán analizadas.
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