El proyecto de Ley para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación fue materia de análisis en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, con la visión de representantes de grupos sociales que no comparten la propuesta legal.
El primero en exponer sus argumentos fue Jaime Pallares, del Grupo de Profesionales en Defensa a la Vida, quien sostuvo que se debe buscar y analizar otras alternativas para evitar la interrupción del embarazo. Además, comentó que una opción seria reformar las leyes para hacer más ágiles los trámites para la adopción de menores.
A su vez, José Luis Lara, representante de Jóvenes Profesionales, comentó que el país requiere dictar leyes más ágiles para sancionar la violencia sexual y el maltrato a las mujeres, como opción frente a la interrupción del embarazo, aseveró que la Constitución de la República garantiza la vida desde la concepción, por lo que llama la atención la sentencia dictada por la Corte Constitucional que dispone aprobar la ley en referencia.
Exhortó a los asambleístas a que hagan respetar la Constitución, considerando que el principal derecho de la humanidad es el derecho a la vida, a la vez que solicitó aprobar la legislación que apoye a la familia y cree procedimientos más rápidos, ágiles y seguros para la adopción y eliminar las trabas que dificultan los procesos. También, propuso dictar las normas legales para sancionar a los agresores de mujeres y prevenir la violencia sexual, así como apoyo médico, psicológico y económico a las víctimas.
De su lado, Emily Jiménez, madre de una niña de 13 años que resultó embarazada producto de una violación, coincidió en señalar que se debe proteger la vida y estudiar como alternativa trámites más ágiles para adoptar un niño. Por último, sostuvo que obligarle a una mujer a interrumpir el embarazo significa revictimizarla, lo cual resulta inaceptable.
PV
