La Comisión de Justicia y Estructura del Estado intensifica el estudio del proyecto de Ley que Garantiza el Derecho a la Interrupción del Embarazo en casos de Violación, para lo que escuchó la información y observaciones de especialistas. Esta vez se refirieron a la situación de niñas y mujeres con discapacidad, así como las implicaciones de la violencia sexual.
El presidente de la mesa legislativa, Alejandro Jaramillo, destacó la participación de diversos actores públicos y privados, para juntos construir las normas que el país necesita. “El trabajo de la Comisión es de puertas abiertas y atenderá todos los petitorios dentro de los plazos que prevé la Ley Orgánica de la Función Legislativa”, subrayó.
Sybel Martínez, de la Alianza por la Niñez y la Adolescencia, sostuvo que el proyecto debe ser operativo y construido desde la realidad que viven niñas y adolescentes que son abusadas sexualmente y obligadas a continuar un embarazo no deseado. Además, expresó que las estadísticas son preocupantes, pues 2 de cada 3 adolescentes de 15 a 19 años son madres o están embarazadas, y se ha incrementado en el 74% la tasa de embarazo en niñas menores a 14 años; 9 de cada 10 menores de 14 años tuvieron su primera relación sexual con personas mayores y se registran 13 embarazos diarios de niñas de 10 a 14 años.
Así mismo, Martínez comentó que la ley debe ser operativa, clara y práctica, no doctrinaria, ni sujeta a prejuicios o dogmas, para garantizar la prevención, protección, acceso a servicios y evitar que sean revictimizadas.
Por su parte, Irina Amengual, psicóloga experta en acompañamiento a niñas víctimas de violencia sexual con embarazos, expuso sobre la violencia sexual en la infancia, desde la psicología y la experiencia en el trabajo con niñas y adolescentes que han sido víctimas de este tipo de violencia y como consecuencia de ello han quedado embarazadas.
También, advirtió que hay una incidencia muy grande en niñas que son las principales víctimas de violencia sexual. El 80% de los perpetradores de la violencia forman parte del círculo más cercano y en muchos casos del núcleo familiar, lo que tiene una alta incidencia en embarazos en niñas víctimas de violencia sexual, señaló.
Así mismo, aseveró que en niñas de 15 años el riesgo de perder la vida es cinco veces más alto frente a una mujer de 20 años en adelante, mientras que para los hijos existe el 60% de posibilidades de muerte durante el primer año de vida.
La experta explicó que la violencia sexual se puede sostener durante años y que viene acompañada de violencia física, psicológica y económica. También, detalló las secuelas y consecuencias de la violación, el embarazo no deseado y el parto, criterios que deben ser considerados en el debate del proyecto de ley.
Karina Marín, de la Red de Mujeres con Discapacidad, reseñó el caso de una niña de 13 años con discapacidad intelectual que pedía no continuar el embarazo no deseado, como producto de la violación reiterada por la pareja de su madre.
Aseguró que las niñas y mujeres con discapacidad corren mayor riesgo de sufrir violencia, sea personal, institucional o estructural, así como explotación y abuso. Expuso que de acuerdo con estadísticas del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad tienen 10 veces más probabilidades de experimentar violencia sexual; el 3% de niñas con discapacidad que son madres tuvieron su primer hijo entre el 10 y 14 años y el 40% entre 15 y 19 años.
Advirtió que resulta preocupante que el 50% fueron abusadas por padrastros, 25% por hermanos y el 25% por tíos y abuelos, lo que evidencia que “nos enfrentamos a una situación de extrema gravedad”. El Estado debe garantizar los derechos de estas niñas, adolescentes y mujeres”, enfatizó.
PV
