La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral inició el tratamiento de un nuevo proyecto de reformas a la Ley de Desarrollo Fronterizo. Su proponente, la asambleísta Lucía Placencia explicó que se trata de una propuesta que impulsa las zonas especiales de desarrollo económico en las fronteras, incentivos de exportación y la prioridad de contratación laboral y comercialización.
La parlamentaria sostuvo que es imperante tratar el tema, ya que los cordones fronterizos han sido olvidados pese a tener una ley para su desarrollo. Mencionó que la zona de frontera tiene graves problemas en lo que se refiere a desempleo y la brecha de pobreza.
Enfatizó que esta situación invita a trabajar inmediatamente en una zona de desarrollo en frontera, para tener incentivos en exportación, contratación de mano de obras preferente y comercialización nacional y que cuente con control aduanero, servicios turísticos para potenciar el desarrollo económico, tecnológico e industrial en los cantones y parroquias rurales que se encuentran en las franjas de los 40 km desde la línea de frontera.
Tras recalcar que los jóvenes necesitan apoyo, afirmó que las empresas, industrias o nuevos emprendimientos que se ubiquen en las zonas especiales de desarrollo económico fronterizos, deben dar prioridad a la comercialización interna a nivel nacional de bienes y servicios.
Patricio Almeida, subsecretario de Desarrollo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, sugirió considerar en el ámbito de aplicación a las personas en movilidad humana, con énfasis en los grupos de atención prioritaria que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Enfatizó que todas las personas en movilidad humana que se encuentren en territorio ecuatoriano deben gozar de los mismos derechos que los nacionales, a la vez señaló que bajo ningún concepto pueden ser discriminadas por su condición migratoria, por encontrarse indocumentada, origen nacional, sexo, género, orientación sexual u otra condición social, económica o cultural personal o de sus progenitores, representantes o familiares.
De su lado, Manuel Suárez, director de Políticas Aduaneras del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, propuso tomar en cuenta las atribuciones del Senae en el control aduanero y el desarrollo del intercambio comercial entre los sectores productivos de las zonas fronterizas.
Además, explicó que actuar en contra de la administración tributaria aduanera significa perjudicar no solo al Estado, sino a las personas que van a recibir la prestación de los servicios para la atención de sus necesidades.
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