La Comisión de Justicia y Estructura del Estado escuchó nuevos criterios y observaciones de expertos en torno al proyecto de Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación, que fue presentado por la Defensoría del Pueblo.
Carmen Martínez, líder del Centro de Derechos Reproductivos experta en derechos humanos y reproductivos, realizó un análisis del derecho comparado frente a la vida desde la concepción y los estándares internacionales que se refieren a la interrupción del embarazo, con énfasis en los casos de violación.
Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la protección de la vida prenatal debe ser gradual e incremental, y que siempre se debe asegurar que los derechos de las mujeres gestantes sean respetados y garantizados. También sostuvo que es necesario dictar medidas que aseguren el acceso a los derechos de salud reproductiva y leyes para establecer excepciones en la prohibición del aborto como en caso de violencia sexual y aborto terapéutico.
Además, recordó que el Comité de Derechos Humanos determinó que toda reglamentación del aborto debe ser respetuosa de la vida y derechos humanos de la niña o mujer embarazada, particularmente cuando cause dolor y sufrimiento o sea el resultado de violación o incesto.
Laura Gil, médica ginecóloga y experta en temas de aborto y sistema de salud de América Latina, basó su exposición en el acceso a la interrupción del embarazo, seguridad para la mujer gestante y la objeción de conciencia por parte de los médicos, para que no se convierta en una barrera para garantizar este derecho.
Comentó que el tema debe ser abordado desde el punto de vista científico y clínico, con enfoque de derechos humanos, sin prejuicios de género y morales, al tiempo que aseveró que es importante garantizar seguridad de los servicios, evitar riesgos innecesarios para proteger el derecho a la salud.
Tras afirmar que la mortalidad por aborto seguro tiene índices bajos, afirmó que en Colombia han tenido experiencias positivas luego del año 2006, en que se autorizó el aborto seguro, para disminuir los riesgos en salud.
PV
