Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en la Comisión de Fiscalización y Control Político, defendió la designación del doctor César Córdova Valverde como defensor del Pueblo encargado, sobre la base de lo dispuesto en los artículos 15 y 23 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
Explicó que el organismo no tuvo tiempo suficiente para efectuar un proceso de selección, con veeduría ciudadana, lo cual se aplica para la nominación del Defensor titular. Sin embargo, buscamos un perfil que garantice probidad, así como la independencia necesaria para rescatar una entidad que ha sido fracturada.
La Titular del CPCCS indicó que no existen parámetros específicos para la selección de una persona que ejerza el encargo de la Defensoría del Pueblo, por eso es que se enmarcaron en el reconocimiento de quiénes son considerados defensoras y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza.
En el caso del doctor Córdova, añadió, se analizó su hoja de vida, su formación académica y sus estudios de maestría en derechos humanos, así como sus actuaciones como abogado en defensa de derechos de los trabajadores, inclusive en el ámbito internacional. Además, aseguró que el CPCCS actuó con absoluta responsabilidad, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, para evitar que la Defensoría del Pueblo quede en acefalía.
Estos argumentos fueron respaldados por los consejeros David Rosero (vicepresidente), Ibeth Estupiñán y Juan Xavier Dávalos, quienes subrayaron que si no se hubiera nombrado al Defensor encargado, habrían incurrido en incumplimiento de funciones.
Mientras, los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, coincidieron en que existiría un posible conflicto de intereses, al haber nombrado a un exfuncionario del CPCCS (exsecretario General), cuando lo que se buscaba era una persona que tenga total independencia, sobre todo con el órgano nominador. Dijeron que no se permitió proponer otras mociones, una de ellas orientada a que se revisen los nombres de los mejor puntuados en el proceso de selección en que se nombró al doctor Freddy Carrión.
Caso Yachay
En horas de la tarde, la Comisión de Fiscalización recibió a Héctor Rodríguez Chávez, exgerente de Yachay EP, quien expuso los objetivos del proyecto “Yachay Ciudad del Conocimiento”, enmarcado en una lógica de aportar al desarrollo de la investigación cientítica, innovación, como base del cambio de la matriz productiva del país. “Investigación básica aplicada a la transferencia tecnológica”, es la fórmula más adecuada para potenciar el desarrollo de un país, dijo.
Desvirtuó que haya existido un sobreprecio en el proceso de expropiación de los terrenos donde se ubica el Parque Tecnológico Yachay. Así mismo, justificó el salario de entre 16 mil y 18 mil dólares mensuales que se estableció para el rector de la Universidad, porque no se trata de cualquier profesional, sino de uno que reúna como mínimo 100 publicaciones en revistas indexadas y uno de los rectores tenía más de 900 publicaciones, que demuestran sus aportes científicos a nivel internacional.
Francois Antón Castro, docente de la Unidad de Investigación de Tecnología Experimental de Yachay Tech, dijo que existen dos edificios que se aprecia, a simple vista, están en mal estado, presentan fallas estructurales, tienen fisuras en paredes, pisos, entre otros problemas. Dijo que en este tema hay responsabilidad, tanto de la constructura, cuanto de la emrpesa fiscalizadora, que debió darse cuenta de las fallas técnicas y estructurales.
EG
