La Comisión de Justicia y Estructura del Estado prosigue con la recepción de observaciones al proyecto de Ley para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación. En esta oportunidad, escuchó a representantes de la nacionalidad Kichwa, del Observatorio de Derechos Humanos; Red Ecuatoriana de Fe; Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción; y, de un abogado en libre ejercicio, quienes expresaron diferentes posturas sobre esta temática.
Nayra Chalán, vicepresidenta de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, destacó la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en caso de violación. Al dar estadísticas de niñas y mujeres indígenas que han sufrido violencia sobre sus cuerpos, dijo que esta problemática se acentúa en los sectores rurales y por su condición de pobreza muchos casos no son denunciados.
Al rechazar la violencia sexual, lo calificó de crimen atroz que debe ser sancionado con todo el rigor de la ley. Dijo que apoya la despenalización del aborto y la construcción de este proyecto de ley, porque es una deuda histórica de la lucha de mujeres. Pidió tomar en cuenta las realidades de pueblos, nacionalidades y colectivos en la construcción de esta normativa.
Entre tanto, Mario Miranda, presidente del Centro Observatorio Internacional de Derechos Humanos Ecuador, precisó que el aborto no es un derecho como tal, la vida es un derecho. Dijo que el proyecto que estudia la Comisión de Justicia debe ser rechazado y construir una normativa que tome en cuenta el derecho a la vida, así como la creación de un sistema integral de atención a la mujeres, en caso de violación. Cuestionó que el proyecto no establezca un limite de tiempo de gestación para legalizar la interrupción del embarazo, tampoco se habla de educación preventiva para evitar casos de violación en el futuro.
Mónica Maher y Pablo Villarroel, representantes de la Red Ecuatoriana de Fe, subrayaron que debe existir libertad de conciencia para que la mujer pueda tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo y determinar si sigue o interrumpe el embarazo. Indicaron que están a favor de la despenalización del aborto y apoyan la normativa que se trabaja en la mesa legislativa.
Por su parte, José Gómez, director de la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción, afirmó que si se legaliza el aborto equivaldría a aprobar la matanza para solucionar problemas sociales. Recordó que miles de personas están en contra del aborto y a favor de la defensa de la vida, desde su concepción. Sugirió el archivo del proyecto.
Javier Villamar, abogado en libre ejercicio profesional, planteó que la mesa realice un trabajo minucioso en torno al articulado del proyecto para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, ya que se podría crear un cuerpo normativo impreciso, en virtud de que no es razonable generar la suerte de ambivalencia donde el aborto sea delito y derecho a la vez, dependiendo de la circunstancia de no punibilidad. Calificó la propuesta como improcedente, puesto que debe tomar en cuenta los tratados internacionales de la materia, que son de estricto cumplimiento.
Las legisladoras Sofía Espín, Jhajaira Urresta y Jairé Noruega aclararon que la mesa está obligada a establecer una normativa, sobre la base de la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en caso de violación, por tanto, es de obligatorio cumplimiento.
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