La Comisión de Justicia y Estructura del Estado escuchó los argumentos de las legisladoras Victoria Desintonio, Wilma Andrade y Geraldine Weber sobre el proyecto de Ley que Garantiza el Derecho a la Interrupción del Embarazo en caso de Violación, presentado por la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de la sentencia expedida por la Corte Constitucional.
La asambleísta Victoria Desintonio destacó la importancia de creer en la palabra de la víctima y que en ese ámbito la decisión de interrumpir el embarazo no debe ser de terceros, sino una decisión única de la víctima que sufrió una violación. La parlamentaria entregó por escrito en la Secretaría de la Comisión de Justicia sus aportes y observaciones del proyecto en referencia.
De su lado, Wilma Andrade expresó que mantiene su compromiso con niñas y mujeres violadas, pues en noviembre de 2018 ya propuso una primera reforma al Código Orgánico Integral Penal que despenaliza el aborto en caso de violación, a la vez que aseveró que se trata de un problema de salud pública.
Añadió que de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía entre 2014 y 2019 un total de 26.132 niñas y mujeres fueron violadas, es decir se cometieron 14 violaciones cada día y que en igual período se denunció que 1.362 niñas menores de 10 años fueron violadas, lo que significa que cada 41 horas una niña es violada en el país, frustrando sus sueños de educación y progreso.
De los 515 mil embarazos adolescentes, 128.995 adolescentes tuvieron su embarazo producto de una violación, reiteró la parlamentaria, al expresar su preocupación porque 5.046 mujeres han sido judicializadas por haber interrumpido el embarazo producto de una violación.
Por su parte, Geraldine Weber expresó su criterio en contra de la propuesta, pues sostuvo que se contrapone con la Constitución que garantiza la vida desde la concepción, al tiempo que aseveró que se debe sancionar con mayor rigurosidad a los violadores para evitar que hagan daño a niñas, niños, adolescentes, mujeres y también hombres.
Afirmó que derechos importantes como a la salud, a la educación y a tener una vida plena, parten del derecho a la vida. También expresó que el Código Civil protege la vida del ser que está por nacer y por tanto se requieren políticas nacionales para perseguir al violador y proteger la vida del niño y de la madre.
No hay ninguna mujer privada de la libertad por aborto por caso de violación, de acuerdo con las cifras del sistema de rehabilitación social, concluyó.
PV
