La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana aprobó los informes de dos instrumentos internacionales por lo cuales solicita al Pleno de la Asamblea Nacional su ratificación. Uno, referente al Tratado de Extradición entre Ecuador e Italia y el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006.
Convenio Trabajo Marítimo
Con nueve votos la mesa legislativa aprobó el informe del Convenio que contiene 16 artículos. A través de este instrumento se recogen los derechos del empleo y los derechos sociales de la gente de mar, como es el lugar de trabajo, seguro, condiciones de empleo justas, condiciones decentes de trabajo y de vida a bordo, protección de la salud y protección social; y, las responsabilidades de los Estados en materia de aplicación del instrumento internacional.
Además, es parte de los cuatro pilares más importantes del derecho marítimo internacional, el mismo que adicionalmente es beneficioso para el país en términos de comercio internacional y ayuda a regular la legislación laboral de la gente de mar al armonizarla con los estándares internacionales; evita la competencia desleal en beneficio de los armadores y habilita a la autoridad marítima nacional a controlar las condiciones laborales de tripulantes de buques de otras banderas que arriban a los puertos ecuatorianos.
Tratado Extradición
Por unanimidad, 9 votos a favor, la Comisión aprobó el informe del Tratado sobre Extradición que establece el compromiso de los Estados partes de extraditar a las personas que se encuentren en su territorio ante la solicitud del otro Estado, a fin de dar curso a un procedimiento penal, ejecutar una condena definitiva o una pena privativa de libertad o aplicar una medida restrictiva de la libertad.
En las conclusiones, se determina que este instrumento internacionales se inserta en el marco de las relaciones diplomáticas entre Ecuador e Italia y obedece a la necesidad de profundizar la cooperación judicial, en aras de mantener y garantizar la paz internacional, mejorar la asociación estratégica y fortalecer el desarrollo de las relaciones bilaterales.
Además, es un instrumento de cooperación judicial en materia penal que procura combatir la delincuencia transnacional y evitar la impunidad, a través del fortalecimiento de la administración de justicia y la regulación de un procedimiento de extradición que asegure el procesamiento, juzgamiento y ejecución de sanciones penales de los sujetos activos de un delito, conforme a la normativa constitucional y penal de cada uno de los ordenamientos internos de los países y en observancia de los Derechos Humanos.
Otros temas
La Comisión de Relaciones Internacionales, escuchó a Lilibeth Romero y Gabriel Pazmiño, de la Coordinación General de la Unidad de Técnica Legislativa, quienes se refirieron a la cobertura por parte del Estado en los servicios para compatriotas que requieren patrocinio legal en el extranjero y repatriación de restos mortales.
Gabriel Pazmiño indicó que sobre la base del análisis realizado por la UTL, se concluye que no se identifica una razón técnica que permita justificar las restricciones presupuestarias en los procesos relacionados con la asesoría legal, visita consular de privados de libertad en el extranjero y repatriación de restos mortales.
El legislador Ángel Maita solicito a la mesa legislativa que el Canciller informe con claridad el presupuesto asignado para la repatriación de cadáveres en los últimos cinco años, entre otros aspectos. Mientras, el presidente de la Comisión, Juan Fernando Flores, indicó que hay que atender la realidad que viven los compatriotas en los puntos fronterizos. Por ello, solicitó la comparecencia de los representantes de las embajadas de Estados Unidos y México, para que informen cuál es el tratamiento que se está dando para garantizar los derechos de la comunidad migrante.
En otro orden, la mesa legislativa avocó conocimiento del oficio enviado por el Ministerio de Relaciones Internacionales, respecto de la derogatoria del Acuerdo Ministerial 036, referente al aumento del arancel consular y diplomático. En el documento se indica que derogar el arancel consular y diplomático sería entrar en un vacío normativo con el impedimento y limitación para otorgar los servicios consulares a cientos de miles de compatriotas en el exterior.
Los comisionados también conocieron la resolución del Pleno que solicita el restablecimiento del servicio de asesoría jurídica hipotecaria y psicológica gratuita a la comunidad migrante en España, por tanto, harán el seguimiento respectivo.
Los parlamentarios, igualmente avocaron conocimiento de tres proyectos. Uno sobre la Ley para la Protección de Audiencias de Medios de Comunicación y dos de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. La Comisión unificará estos proyectos con otros que son de la misma materia.
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