El Pleno de la Asamblea Nacional, con 101 votos afirmativos, resolvió convocar a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela; al Director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores; a la comandante General de Policía, Tannya Varela y al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Cabrera, a fin de que informen sobre la seguridad ciudadana a nivel nacional, así como del sistema nacional de rehabilitación y los amotinamientos ocurridos los últimos tres meses.
La resolución, propuesta por la asambleísta Jessica Castillo, requiere a la Comisión de Soberanía, Integración Seguridad Integral que, en el plazo de 30 días y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, realice una investigación sobre la actuación de los funcionarios públicos para prevenir y resolver la crisis carcelaria y la alarmante situación de inseguridad ciudadana que vive el país, por cuanto la emergencia en este ámbito está causando grave conmoción social por los hechos de conocimiento público.
De acuerdo con el artículo 4 de la resolución, las comparecencias se realizarán en un plazo máximo de ocho días, en una misma sesión del Pleno de la Asamblea.
Debate
En el debate, del cual participaron 13 asambleístas, hubo varios pronunciamientos, entre ellos, la necesidad de que las autoridades del Ejecutivo expongan las políticas públicas orientadas a garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos. Así mismo, se atribuyeron las causas de la inseguridad al desmantelamiento de la institucionalidad de rehabilitación social creada entre 2007 y 2017.
Igualmente, algunos asambleístas subrayaron que las comparecencias en nada contribuyen a encontrar soluciones a un problema estructural como es el crimen organizado y la presencia de cárteles dentro de las cárceles del país, que han dado como resultado estos lamentables amotinamientos, con pérdida de vidas humanas.
Mientras, para otros parlamentarios la realidad actual responde a las leyes permisivas que se dictaron en años anteriores, con excesivas garantías para los delincuentes, poniendo en desventaja a los efectivos policiales, quienes no pueden utilizar sus armas para repeler las acciones delictivas, por el riego de ser judicializados. Es hora de debatir, sin prejuicios, el uso progresivo de la fuerza de parte de la Policía y los organismos de seguridad del Estado, comentaron.
Entre otras exposiciones, hubo quienes diferenciaron dos tipos de violencia que afectan a la ciudadanía: la violencia social y la violencia criminal o crimen organizado, siendo este último el que genera zozobra en la población que ya no puede salir a la calle con tranquilidad, por temor a ser víctima de la delincuencia.
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