La Comisión de Biodiversidad, presidida por el asambleísta Rolando Panchana, recibió a los ministros de Recursos Naturales no Renovables, Wilson Pástor y del Medio Ambiente, Marcela Aguiñaga, quienes explicaron aspectos relacionados con la explotación minera del proyecto Mirador 1 y 2, en la provincia de Zamora Chinchipe, a cargo de la compañía Ecuacorriente S.A (ECSA), que fue firmado el 5 de marzo de 2012.
Wilson Pástor fue enfático en señalar que con la celebración de este contrato habrá, al menos, 3 100 puestos de trabajo seguros, lo que determinaría que alrededor de 20 mil familias se vean beneficiadas, al tiempo de afirmar que esta negociación se encuentra legalmente regulada por la normativa ecuatoriana, establecida en los artículos 313, 316, 317 y 408 de la Constitución, en concordancia con el artículo 41 de la Ley Minera, su Reglamento y el acuerdo ministerial 261.
Manifestó que las concesiones mineras principales del proyecto Mirador 1 y Mirador 2, para la explotación de cobre, cuentan con el debido sustento a través de los respectivos informes técnico, legal y económico.
Subrayó que dicho contrato cuenta con la respectiva licencia ambiental, en vista de que no afecta al bosque protector, al precisar que la inversión prevista es de 1 773 millones de dólares; que el inicio de la producción está previsto para el 2013. Habrá reservas recuperables por 4 736 millones de libras de cobre y que el contrato ha sido firmado por 25 años, es decir, hasta el 2037, en donde la compañía se compromete a dejar el sitio en las mismas condiciones en que fue encontrado.
Añadió que el objetivo de iniciar el proceso de negociación fue incentivar la exploración y desarrollo de la industria minera a gran escala en el Ecuador; así como garantizar la participación del Estado en los beneficios del aprovechamiento de los recursos minerales; determinar una rentabilidad razonable para la inversión, en base al riesgo geológico, técnico y comercial; y, reinvertir las regalías anticipadas en proyectos de desarrollo social en las zonas mineras en el país.
Recordó que el proceso de negociación se inicio el 15 de febrero del 2011 y que se mantuvieron más de 80 reuniones en donde la negociación de las regalías implicó la discusión de los términos, condiciones y plazos para la explotación, sobre la base del modelo de contrato de explotación minera aprobado mediante Acuerdo Ministerial. “Una vez alcanzados los acuerdos se ha generado un Acta de terminación del proceso de Negociación”, agregó.
Aseguró que los acuerdos alcanzados cuentan con el debido sustento a través de los respectivos informes técnico, legal y económico cuyas condiciones y recomendaciones han llevado a la toma de decisiones en el proceso de negociación.
Dentro de los acuerdos económicos alcanzados se determinó que la participación del Estado en el aprovechamiento de recursos será del 52%; se determina una regalía anticipada de 100 millones de dólares que serán pagados en tres partes: 40 millones en el primer trimestre del año 2012; 30 millones de dólares cuando cuenten con los permisos ambientales; y 30 millones al inicio de la producción, añadió.
De su parte, la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, informó que el contrato realizado entre el Estado ecuatoriano y la empresa Ecuacorriente cuenta con una licencia ambiental de explotación, emitida mediante resolución 259, de 24 de febrero del 2012, al tiempo de indicar que existió “un licenciamiento” respecto de la fase de exploración avanzada, de conformidad con lo que dispone la Ley Minera aprobada por la Asamblea Nacional.
Dijo que quedaría pendiente un permiso más que tendría que obtener esta empresa a favor de lo que se llama el procesamiento o establecimiento de la planta de beneficio, tras recordar que una licencia ambiental genera las obligaciones con las cuales se compromete la empresa a cumplir los requerimientos de índole ambiental, a fin de disminuir la contaminación a cualquiera de los recursos: agua, aire o suelo.
La Secretaria de Estado se comprometió a entregar un plan de manejo social con las comunidades de las áreas de influencia, principalmente, donde se desarrolla el proyecto, al descartar que el mismo se encuentre dentro del bosque protector, como aseguraron ciertos sectores y medios de comunicación, pues la actividad minera se la va a hacer en una zona que no está en el bosque protector, peor aún en un área protegida por el Estado ecuatoriano”.
El asambleísta Fernando González solicitó a Wilson Pástor entregue los estudios sísmicos, así como, de factibilidad del proyecto con el debido certificado para estudiarlos y determinar si no existirá problemas ambientales, pedido que fue acogido por el Secretario de Estado.
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