La Comisión de Biodiversidad aprobó por unanimidad un cronograma para iniciar procesos de fiscalización en materia ambiental. Los parlamentarios verificarán el cumplimiento de requisitos legales de las concesiones mineras y petroleras a nivel nacional, costo beneficio para las localidades donde se asientan los proyectos, impactos y pasivos ambientales, minería ilegal en Zaruma, derecho al agua, ambiente sano y convivencia pacífica, entre otros temas.
Con este fin, la mesa legislativa convocará a las autoridades de distintas instituciones, sobre todo, de los ministerio de Ambiente, de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Petroecuador, Servicio de Rentas Internas (SRI), Banco Central del Ecuador (BCE), así como sectores organizados y de la sociedad civil.
En el informe del equipo asesor, se señaló que hasta el momento existen 18 casos de fiscalización, remitidos por cuatro asambleístas. El presidente del organismo legislativo, Washington Varela, indicó que no serán los únicos casos a ser investigados, sino que se irán agregando los que lleguen a la mesa legislativa. Para el efecto los comisionados resolvieron sesionar los miércoles y viernes, para avanzar en los procesos de fiscalización en materia ambiental.
Varela adelantó que el próximo miércoles 13 de octubre, la Comisión conocerá las 31 objeciones parciales del Ejecutivo al Código de Ambiente y al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, a fin de elaborar el respectivo informe no vinculante que será conocido en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Comisión Especial
En otro orden, los legisladores analizaron la pertinencia de la creación e integración de la Comisión Especializada Ocasional de Minería para la Revisión del Otorgamiento de Concesiones Mineras y Petroleras y de los Contratos suscritos por el Estado y su Impacto en las Comunidades, aprobado mediante Resolución CAL-2021-2023-117, que consta en la agenda del Pleno para este martes.
Los parlamentarios recordaron que la Comisión visitó ocho provincias donde receptó peticiones de fiscalización sobre concesiones mineras y petroleras para verificar el cumplimiento de los requisitos legales, administrativos y procedimentales; violación a derechos humanos y derechos de la naturaleza a partir de la contaminación de recursos hídricos principalmente; conflictos socio ambientales al interior de la población afectada y de estas con los concesionarios mineros; relación costo-beneficio de la actividad minera que no aporta a la economía local.
Precisaron que la mesa legislativa el 22 de septiembre de 2021, notificó al CAL el inicio de la fiscalización a las actividades mineras, hidrocarburíferas y pasivos ambientales, es decir, cinco días antes del pedido del asambleísta Mario Ruiz.
En este marco, coincidieron que desde el punto de vista técnico-jurídico la creación de la Comisión Ocasional de Minería no es procedente, porque atenta al ejercicio de competencias de la Comisión de Biodiversidad.
Además, el horizonte de trabajo de la Comisión de Biodiversidad garantiza la sostenibilidad en el tiempo para atender los casos de fiscalización de inicio a fin, permitiendo la verificación del cumplimiento de la normativa en materia minera, hidrocarburífera, hidroeléctricas y pasivos ambientales.
Estos argumentos serán expuestos por el presidente de la mesa, Washington Varela en la sesión 732 del Pleno. El parlamentario Juan Cristóbal Lloret, sugirió que el asambleísta Mario Ruiz participe en los procesos de fiscalización que lleve adelante la Comisión en materia ambiental y acoger los pedidos que tenga sobre este particular. Los comisionados expresaron su acuerdo con este planteamiento.
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