La Comisión de Garantías Constitucionales mantendrá su hoja de ruta en la investigación del caso denominado “Pandora Papers”, que fue aprobada la semana pasada. En este marco la esposa e hijo del Presidente de la República serán invitados a presentar información, mas no obligados a comparecer ante la mesa legislativa.
En la reunión se indicó que la Ley Orgánica de la Función Legislativa faculta a los parlamentarios a invitar a los familiares del Mandatario y a otras personas, a fin de tener los elementos suficientes dentro de esta investigación para dar respuestas transparentes al país.
Comparecencias
La Comisión de Garantías Constitucionales inició la investigación dispuesta por el Pleno de la Asamblea Nacional, con la participación de académicos, constitucionalistas, economistas, quienes explicaron el marco constitucional y legal, nacional e internacional sobre paraísos fiscales o cuentas offshore. Se precisó que existen dos entidades que pueden esclarecer el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones tributarias, como el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Fiscalía General del Estado que podría hacer una indagación paralela.
Carlos Pontón, señaló que mantener recursos en paraísos fiscales no es ilícito, pero que es un mecanismo para esconder parte de los bienes o capitales que tienen las personas. Habló del delito de defraudación tributaria, establecido en el artículo 298 del Código Integral Penal; simulación de transacciones, piramidación societaria y fideicomisos anónimos.
Por su parte, el constitucionalista Alfonso Zambrano Pasquel, manifestó que hay que buscar la verdad histórica sobre esta denuncia de periodistas de investigación. Indicó que no se conoce el contenido del fideicomiso del Presidente de la República: con qué bienes se constituyó, quién recibe los beneficios, en dónde se tributa por lo beneficios económicos que genera ese fideicomiso. Sugirió a la Comisión averiguar si el Mandatario sigue siendo propietario de ese fideicomiso, cuándo se deshizo de ellos o si está activo el mismo.
Seguidamente, los comisionados escucharon a Wilma Salgado, quien se refirió a los paraísos fiscales y su impacto en la economía. Precisó que las instituciones multilaterales son las que han promovido este tipo de medidas que facilitan la fuga de capitales que tienen grandes efectos sobre la vida común de los ciudadanos, como por ejemplo: desempleo, precariedad laboral, carencia de vivienda, reducción de prestaciones sociales, desigualdad social, creciente pobreza. Hay una débil institucionalidad y una cantidad de leyes que no se cumplen, afirmó.
La investigación que inicia la Comisión de Garantías Constitucionales, más allá del caso de la primera Autoridad Nacional, tiene que ver en qué medida las instituciones están cumpliendo las leyes y la defensa de los derechos de los ciudadanos, dijo Wilma Andrade.
JLVN/pv
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