La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte recibió las observaciones de Peter Sanipatin, representante del Colegio de Psicólogos Clínicos de Pichincha, respecto al proyecto de Ley de Salud Mental, en el marco de la elaboración del informe para primer debate.
El dirigente gremial enfatizó en la necesidad de contar con una ley que ampare y regule los aspectos relacionados con la salud mental, que ha sido uno de los sectores más relegados en el campo de la salud pública y probablemente el más precarizado.
Sostuvo que la pandemia ha dejado múltiples estragos en la salud mental, pese a lo cual no ha sido atendido de manera adecuada, sin tomar en cuenta que los indicadores respecto al suicidio han sido de los más alto en América y la segunda causa de muerte en la población entre 15 y 19 años en nuestro país.
Explicó acerca de la necesidad de facilitar la atención y el tratamiento en salud mental en todos los servicios del Sistema Nacional de Salud. Habló de la importancia de la prevención y la profesionalización de psiquiatras y psicólogos.
El presidente de la Comisión, Marcos Molina, recalcó en la necesidad de abordar la temática cuyos datos estadísticos demuestran que la ansiedad, depresión y suicidio son trastornos que deben ser considerados como un verdadero problema de salud pública.
Crisis sanitaria y malnutrición infantil
En otro orden, los legisladores avocaron conocimiento de los proyectos de Ley para la gestión de Emergencia Sanitaria por Pandemia presentado por los asambleístas Marcos Molina, Patricia Mendoza, Luisa González, Rafael Lucero, Ronal González y Joel Abad; y, para prevenir y erradicar la malnutrición adulta e infantil de iniciativa de la legisladora Lucía Placencia.
El primer proyecto crea un marco legal ordinario para gestionar integralmente el problema epidemiológico producido por la Covid-19 y establece normas destinadas a enfrentar la crisis, a fin de garantizar el derecho a la vida y la salud. Propone regular el derecho a la movilidad, libertad de tránsito y reunión e inviolabilidad de domicilio, así como las potestades de los organismos estatales para actuar en estas situaciones y las respectivas sanciones por incumplimiento de la ley.
En cambio, la segunda propuesta establece el marco institucional para la creación del Sistema Nacional de Alimentación Sostenible, que tendrá a su cargo la elaboración y desarrollo de las políticas de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, mismos que son considerados instrumentos orientados a respetar, facilitar y ejercer efectivamente el derecho a la seguridad alimentaria, mediante la producción suficiente, transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos y nutritivos.
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