El Pleno de la Asamblea Nacional cumplió la etapa final del juicio político al exministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz. Los legisladores interpelantes, Luis Almeida y Salvador Quishpe alegaron incumplimiento de funciones en el ejercicio del cargo del acusado, conforme lo previsto en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al haber autorizado a las empresas eléctricas de distribución la facturación estimada con base en los consumos históricos de los clientes por lo que plantearon su censura.
Almeida y Quishpe también responsabilizan a René Ortiz por el incremento gradual de los precios de los combustibles, así como por los cobros excesivos por consumo de electricidad, en medio de la crisis por la pandemia del Covid-19, mediante la aplicación de consumos estimados.
Expresaron que el exministro al ejecutar la política pública, en materia de combustibles, derogando expresamente los subsidios y abriendo la importación de manera abrupta, incumplió principios de sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia en la administración, regulación y gestión de la política pública en materia de combustibles.
Luis Almeida enfatizó que el objetivo del juicio político a René Ortiz es redimir al pueblo ecuatoriano y devolverle su dinero, ya que fue perjudicado con el cobro excesivo de las planillas eléctricas, principalmente, en la costa ecuatoriana.
Advirtió que por esta política del Ejecutivo las planillas eléctricas aumentaron entre el 300% y 400%, ocasionando un grave perjuicio a los usuarios. Puso como ejemplo planillas de 7 dólares que llegaron a $70; y, de $80 pasaron a 450 dólares.“El ministro debe ser censurado moral y políticamente, el pueblo exige justicia, debe haber sanción ejemplarizadora”, recriminó Almeida.
El legislador Salvador Quishpe advirtió que la eliminación de los subsidios conlleva una serie de consecuencias como la desestabilización social. Sostuvo que esta decisión la adoptó el gobierno anterior a espaldas del pueblo, aprovechándose de las circunstancias difíciles a consecuencia de la pandemia del Covid-19. “Mientras habían personas que lloraban a los muertos, otros firmaban decretos para seguir metiendo la mano al bolsillo de los que menos tienen”, denunció. Además, afirmó que permitir a las comercializadoras fijar los precios de los combustibles contradice los artículos 314 de la Constitución y 72 de la Ley de Hidrocarburos.
Por su parte, el exministro Rene Ortiz, respecto a las medidas gubernamentales adoptadas en el 2020, con motivo de la pandemia, manifestó que se tomaron decisiones que fueron aplicadas por el sector eléctrico de generación, transmisión y distribución. Así mismo, insistió que el respectivo el Reglamento para la fijación de precios es expedido por el Presidente de la República. También afirmó que el precio en el surtidor es determinado por la Agencia de Regulación.
En su derecho a la réplica, Luis Almeida señaló que el funcionario admitió los problemas generados por las tarifas del consumo de energía eléctrica y que el Presidente de la República no puede delegar a las empresas privadas que fijen los precios de los combustibles, que es una facultad privativa del Estado, mientras que Salvador Quishpe manifestó que el exministro en el afán de justificar el incumplimiento de funciones trata de confundir con disposiciones legales, por lo que propuso la censura de René Ortiz.
Concluida esta fase del proceso, René Ortiz, abandonó el recinto legislativo, tras lo cual se declaró abierto el debate.
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