La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales recibió los aportes y observaciones a la Ley Orgánica de Educación Superior, por parte de rectores y representantes de institutos técnicos y tecnológicos privados del país.
Para Jorge Calderón, rector del Instituto Superior Tecnológico Argos y Geovanna Buchelli, rectora del Instituto Superior Tecnológico Dismo, es importante que los institutos cuenten con procesos de internacionalización e intercambio estudiantil, a fin de generar transmisión de conocimientos entre países y la movilidad académica tanto de estudiantes como de profesores.
Otro de los aportes que sugirieron las autoridades, fue la creación de institutos públicos y privados en la Amazonía. Expresaron que el Estado debería garantizar la educación de calidad de miles de jóvenes amazónicos.
Gino Jiménez, rector del Instituto Superior Tecnológico Mariano Samaniego, sugirió que la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) sea la encargada de financiar las horas de trabajo de los docentes fiscomisionales que perciben menos de un salario básico.
Juan Pablo Morales, rector del Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero y Julio Vásconez, representante del Instituto Superior Tecnológico Oriente, propusieron que las reformas a la LOES incluyan la apertura de las instituciones públicas y privadas para el desarrollo de prácticas preprofesionales de los estudiantes. Sostuvieron que el trabajo articulado entre la academia, empresa privada y los GAD fortalecerá la educación técnica y tecnológica del país.
Mario Roman y César Parra, rectores del Instituto Superior Tecnológico Internacional y del Instituto Superior Tecnológico CEMLAD, coincidieron que a pesar de la reforma al artículo 118 de la LOES que faculta a los institutos técnicos y tecnológicos otorgar títulos de tercer nivel no se ha dado prioridad a la disposición. “La educación tecnológica necesita ser revalorizada para poder servir al país como un verdadero motor de desarrollo”, señaló Parra.
A la sesión también acudió el representante del del gremio de los institutos tecnológicos del país, quien expresó su al principio de autonomía en todas las instituciones de educación superior. Señaló que defienden los modelos educativos propios y diversos, más aun tratándose de instituciones de impacto comunitario que responde a distintas realidades y zonas geográficas del país, como son los institutos tecnológicos.
En este punto, se dieron varios criterios por parte de los legisladores Zolanda Plúas, Ramiro Frías y Darwin Pereira, quienes coincidieron que necesitan unir esfuerzos para trabajar en una reforma incluyente que beneficie a la educación superior del país.
De su lado, el asambleísta, Diego Esparza, planteó la posibilidad de establecer un mecanismo para que los institutos técnicos y tecnológicos ofrezcan servicios de posgrado. “Mientras más espacios de educación superior tenga el país, más pasibilidades tendrá la comunidad universitaria de ser la protagonista de cambios profundos que le hacen falta al Ecuador”, recalcó.
Educadores comunitarios y populares
A petición de la legisladora, Mariuxi Sánchez se recibió a Aracely Puetate, presidenta de la Red de Educadores Populares, a fin de que exponga sobre la situación de pago atrasado a este sector.
La dirigente gremial afirmó que el Ministerio de Educación y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), no han validado los valores adeudados a los educadores comunitarios y populares, ni han verificado la documentación remitida por la organización a estas dos instituciones.
Los legisladores Mariuxi Sánchez, Manuel Medina y Darwin Pereira se solidarizaron con los educadores y señalaron que desde la Comisión han solicitado un informe detallado al Director General del IESS y al Ministerio de Educación.
KC/pv
