La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el legislador Alejandro Jaramillo, intensificó el estudio de las propuestas de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, contenidas en el informe borrador, el cual hace referencia a los cinco proyectos de ley que sobre la materia presentaron los asambleístas Ángel Maita, Francisco Jiménez, Luis Almeida, Sofía Sánchez y Yeseña Guamaní.
Este proyecto crea herramientas legales para corregir el vacío existente en la Ley de la Contraloría y dilucidar el encargo de esta institución, en el caso de ausencia definitiva del Contralor titular y subrogante, lo que ha generado inestabilidad en este organismo y nula capacidad de control, fiscalización y auditoría del Estado. También determina los requisitos para el ejercicio del cargo y causales de destitución, para evitar eventuales conflictos de intereses.
El legislador Fausto Jarrín sugirió mantener dos nuevas sesiones de trabajo con el equipo asesor y con los proponentes de las iniciativas legales, a fin de preparar un informe de consenso entre las bancadas que forman parte de la mesa legislativa.
La asambleísta Johanna Moreira destacó que estas iniciativas surgen como una respuesta al hecho que un Contralor estaba despachando desde la cárcel. Lo importante es tomar las decisiones más adecuadas para dar salidas viables a los problemas que enfrenta la Contraloría, enfatizó.
De su lado, José Chimbo tras recordar que la Asamblea censuró al excontralor subrogante Pablo Celi, explicó que el proyecto busca superar el vacío legal del artículo 33 de la Ley de la Contraloría, frente a lo cual varios legisladores han presentado alternativas de solución.
Los asambleístas coincidieron que el objetivo fundamental del proyecto es contribuir en la lucha contra la corrupción y asegurar el buen uso de los recursos del Estado.
El parlamentario Ángel Maita, autor de uno de los proyectos, expresó que es importante que haya consensos para generar una ley que beneficie al país y que llene los vacíos de la Ley de la Contraloría General del Estado.
La Comisión de Justicia resolvió por unanimidad que las propuestas de reformas sean analizadas en dos reuniones de trabajo de los miembros de esta mesa legislativa con el equipo asesor y los proponentes de los proyectos, a fin de elaborar un informe consensuado.
PV
