La Comisión de Fiscalización y Control Político continuó este lunes, 8 de noviembre, el proceso de investigación en torno a las operaciones de la compañía Fondo Global de Construcción (Fonglocons), a través del Sistema Único de Compensación Regional de Pagos (SUCRE). En esta ocasión, la mesa recibió información del Servicio de Rentas Internas (SRI); Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) y de las superintendencias de Bancos y de Compañías.
Andrés Ordóñez, delegado del SRI, entregó información tributaria respecto de quienes figuran como accionistas de Fonglocons y las determinaciones realizadas por la falta de declaración de tributos o por inconsistencias en la información. Indicó que se registran movimientos por 296 millones de dólares en exportaciones a Venezuela, a través de la referida empresa, sin que se haya pagado impuesto alguno. Añadió que en todos los casos en que se presentaron inconsistencias se han tomado las medidas cautelares pertinentes para exigir el pago de tributos.
De su lado, Ruth Arregui, superintendenta de Bancos, lamentó no poder revelar información que ha sido requerida por la comisión sobre movimientos bancarios de determinadas personas naturales y compañías, debido a que debe respetar el sigilo y la reserva que la ley garantiza, condiciones que solamente pueden ser levantadas por los propios interesados. Así mismo, como exgerente del Banco Central explicó cómo operaba el SUCRE, medio de pago que funcionaba como cualquier sistema de compensación de pagos, al amparo de un Acuerdo Marco ente Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.
Entre tanto, Carola Ríos Michaud, directora del Senae, subrayó que los volúmenes de exportaciones e importaciones se han mantenido estables en el tiempo. Las inconsistencias aparecieron en la aplicación del SUCRE en 2013; sin embargo, en el caso de las exportaciones, como tales, al no tributar ni generar aranceles, no significaron perjuicio alguno para el Estado ecuatoriano. No obstante, en ejercicio de sus atribuciones, dijo, que la autoridad aduanera presentó las correspondientes denuncias, pues no es su facultad determinar si existieron delitos aduaneros, ni investigarlos, ni tampoco sancionarlos.
Mientras, Víctor Anchundia, superintendente de Compañías, explicó la situación en la que se encuentra Fonglocons, que atravesó por un proceso de intervención, disolución para su posterior liquidación. Luego, en 2016, cuando la Fiscalía emite un dictamen abstentivo dentro de la investigación penal, la empresa solicitó su reactivación. A la presente fecha, al no haber desarrollado actividad alguna, está otra vez en condición de inactiva y cuenta con informe positivo para declarar su respectiva liquidación.
También asistió Verónica Artola, exgerente del Banco Central del Ecuador (BCE), quien confirmó que en 2013 se presentan las inconsistencias en la información entre los registros de exportaciones no petroleras en el BCE respecto de lo que constaba en el Senae. Allí, se prenden las alertas y el propio Banco establece dos nuevas regulaciones, mediante resoluciones 044 y 045, para exigir la declaración aduanera.
En la tarde y noche de este lunes, la Comisión escuchó al exministro de Finanzas y exfuncionario del Banco Central, Diego Borja, quien defendió el sistema SUCRE como un mecanismo eficiente de pago, que fue beneficioso para el país. Negó que se trate de un mecanismo implementado para facilitar el lavado de dinero.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Fernando Villavicencio, dispuso a Secretaría convoque al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, para que sustente, de manera presencial o por escrito, las razones por las cuales vetó parcialmente el proyecto de Ley que Reforma Diversos Cuerpos Legales para Reforzar la Prevención y el Combate al Comercio Ilícito para Fortalecer la Industria Nacional y Fomentar el Comercio Electrónico, en la cual se penalizaban los actos de corrupción en materia comercial.
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