La Comisión de Soberanía Alimentaria aprobó por unanimidad el informe para primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Agropecuario, a través del cual recomienda el archivo de la propuesta, considerando los potenciales riesgos de no encontrarse ajustado a los derechos establecidos en la Constitución e Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, en relación específica a la consulta prelegislativa.
La mesa legislativa tomó esta resolución luego de un amplio proceso de socialización, en el que los asambleístas y diversos actores públicos y privados relacionados con el sector agropecuario, representantes de la academia, agricultores, productores y expertos en la materia expusieron sus comentarios en varias mesas de trabajo.
Al mismo tiempo la comisión ratificó el compromiso de trabajar en una herramienta legal que permita enfrentar los retos actuales y futuros de la agricultura que constituya un avance fundamental en este gran sector olvidado, pero de gran importancia para el Ecuador, ya que es el que provee de alimentos a los ecuatorianos; y, preparar un proyecto de ley de manera consensuada con todos los sectores involucrados en la agricultura.
Los legisladores advirtieron que este proyecto no toca los verdaderos problemas estructurales del sector agropecuario nacional, como es la posibilidad de normar el uso del suelo, de acuerdo con su capacidad y aptitud agro-ecológica de uso.
También se consideró que la propuesta no menciona la conservación y optimización de uso de los recursos naturales escasos y que son base de la producción primaria, como es el agua para riego; suelo arable y biodiversidad; ni los impactos ambientales de la agricultura.
En el informe se advierte que el proyecto se contrapone con el artículo 133 de la Constitución de la República del Ecuador, ya que contempla la posibilidad de aumentar el gasto público. También señala que esta propuesta prevé competencias que se encuentran en otras leyes, pues crea un consejo que para su funcionamiento y operatividad eleva el gasto público y divide la política pública dirigida por la autoridad alimentaria, cuando lo que se necesita es fomentar el incremento de la productividad y competitividad de los sectores productivos, y apoyar a los sectores menos favorecidos impulsando la reactivación económica.
De acuerdo con el informe, el proyecto no cumple su rol de organizar y consolidar el basto contenido de materias y sectores que engloba la Soberanía Alimentaria, ya que deja vacíos en su estructura jurídica, al proponer normas dispersas, al margen de las reglas de técnica jurídica, lo que solo limitaría el sistema de soberanía alimentaria y, por tanto, se tornaría difícil su aplicación.
Otros argumentos
Además, se consideró que el interés de este código viene y nace de las cámaras de producción, mas no de las organizaciones sociales y de los pequeños agricultores que son los más olvidados por todos los gobiernos de turno.
Se deja constancia que el proyecto propone la creación de instituciones en forma innecesaria y se les asigna actividades que ya ejecutan otros organismos estatales, por ejemplo, se crea un Consejo Consultivo Agropecuario, que se sobrepone a los consejos consultivos que existen y funcionan en el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
El presidente de la Comisión, Mariano Curicama, aseveró que los campesinos y agricultores esperan leyes que en verdad beneficien y sirvan de apoyo, y en ese marco la mesa legislativa trabaja en otras iniciativas legales relacionadas con la producción de leche y la agricultura familiar campesina, que evidencian el compromiso de trabajar por el país y el sector agropecuario.
El legislador Xavier Santos afirmó que la resolución se ajusta a argumentos técnicos, jurídicos, y sociales, a la vez aclaró que no dejarán indefensos a los agricultores, pues existe el compromiso de trabajar en un cuerpo normativo que se ajuste a la realidad del campo, que nazca desde la ciudadanía y de los actores.
La vicepresidenta de la comisión, Lucía Placencia, expresó que el informe es el resultado de un amplio trabajo con la participación de la ciudadanía y organizaciones sociales, a la vez que señaló que están comprometidos con el sector, para generar herramientas legales en beneficio de los agricultores que dotan de alimentos a todos los ecuatorianos.
El legislador Esteban Torres mocionó la aprobación el informe, mismo que fue acogido por unanimidad.
PV
