La superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, en la Comisión de Fiscalización informó sobre la disolución de Coopera, dispuesta en junio de 2013, tras los hallazgos en torno a operaciones no justificadas, por 35 millones de dólares, a través del Sistema Único de Compensación Regional de Pagos (SUCRE).
Recordó que este organismo de control entregó el reporte de operaciones inusuales e injustificadas por parte de Coopera a la Fiscalía, a fin de que se sigan las acciones penales por presunto lavado de activos, proceso que concluyó con la sentencia condenatoria dictada en agosto de 2014 en contra de varios miembros de la referida cooperativa.
La funcionaria añadió que este fue el único caso que involucra a una cooperativa de Ahorro y Crédito en el presunto delito de lavado de activos, al enfatizar que la Superintendencia ejerce un estricto control de las actividades relacionadas con el sector cooperativista.
Educadores comunitarios
De otro lado, la mesa de Fiscalización, escuchó a la ministra de Educación, María Brown Pérez, quien informó acerca del pago de los valores adeudados a la seguridad social, correspondiente a los educadores populares en todo el país. Indicó que se canceló un total de 14 millones 541 mil dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con lo cual se evitó el pago de intereses, multas y demás recargos.
Respecto de las acciones desarrolladas en materia de educación, la Secretaria de Estado aseguró que el objetivo planteado es revertir la deserción escolar, lo cual será posible con el retorno progresivo a la presencialidad, sin descuidar los programas semipresenciales y virtuales dirigidos a cinco millones 700 mil personas que no han terminado la educación básica ni el bachillerato.
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