En la ciudad de Guayaquil, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley de Pagos en Plazos Justos, Primero las Mipymes, de iniciativa de la asambleísta Wilma Andrade, que está orientado a desarrollar un marco de protección para las personas naturales y jurídicas calificadas como micro, pequeñas y medianas empresas, respecto de los plazos de pago en sus operaciones comerciales, que generen posibles condiciones contractuales gravosas, incorporando la obligación legal de pago en plazos justos.
Entre otros aspectos, prevé que es deber de todos los comerciantes y de quienes, sin tener calidad de comerciantes, ejerzan operaciones mercantiles y, de la Administración Pública del Estado, en cualquiera de sus niveles, pagar el precio de los productos y servicios a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Según el proyecto, cuando el contratante incurra en mora por el vencimiento del plazo de pago justo, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costos de cobro debidamente acreditados en los que haya incurrido a causa de la mora de este, de conformidad con la tasa activa referencial emitida por el Banco Central vigente a la fecha de vencimiento del plazo.
Además, determina que el deudor no estará obligado a pagar la indemnización cuando se demuestre que, por caso fortuito o fuerza mayor, no pudo realizarse el pago dentro del plazo establecido en esta Ley. Así mismo, el deudor o el acreedor no podrán, en ningún caso, alegar la propia culpa, incluyendo la culpa de sus empleados o dependientes, o de sus procedimientos de facturación y pago. Las demoras imputables al acreedor interrumpirán el plazo de pago.
Previo a la aprobación del informe, el asambleísta Francisco Jiménez, sugirió agregar en la propuesta legal a organizaciones de economía popular y solidaria como las cooperativas que también se ven perjudicadas por retrasos o falta de pagos en las operaciones comerciales, mercantiles o de diferente índole. La parlamentaria Nathalie Arias dijo que se debe establecer diferenciación de plazos para que las Mipymes no queden por fuera de comercialización con las empresas más grandes, en cuanto a bienes perecibles y no perecibles.
Socialización
En otro orden, la Comisión receptó observaciones a cinco proyectos de reformas a la Ley de Compañías y al proyecto de Ley para Impulsar el Trabajo de la Mujer, Igualdad de Oportunidades y la Economía Violeta, de parte de jóvenes empresarios del Ecuador, de la Cámara de Pequeña Industria y de la Espol de Guayaquil.
Rafael Avilés, vicepresidente de Jóvenes Empresarios, destacó el contenido del proyecto de reformas a la Ley de Compañías de iniciativa del parlamentario Daniel Noboa, porque ayuda a los emprendedores, formaliza los emprendimientos, garantiza el buen gobierno corporativo en las sociedades en beneficio de la dinamización del sector empresarial en su conjunto. Afirmó que es importante que Ecuador se sume a la tendencia internacional sobre materia societaria al introducir buenas prácticas empresariales.
En cuanto al proyecto de Economía Violeta, señaló que es importante la inclusión de las mujeres en el campo laboral, generando equidad y su inclusión en estrategias de negocio con incentivos tributarios para motivar cargos gerenciales.
El representante de la Cámara de la Pequeña Industria dijo que el proyecto es positivo porque permite la simplificación de trámites, fortalece la mediación como solución de conflictos entre socios y elimina la duplicidad de sanciones.
Por su parte, Sara Wong, en representación de Cecilia Paredes, rectora de la Escuela Politécnica del Litoral se refirió al proyecto de Economía Violeta. Dijo que debe existir igualdad de beneficios entre mujeres y hombres en caso de maternidad y paternidad, para que no se dé preferencia a la contratación laboral de hombres. También sugirió crear guarderías de cuidado de primera infancia para ayudar al trabajo de mujeres; y, capacitación para ser mejor remuneradas y equiparar salarios.
Mientras, Sonia Montero, delegada de la Cepal, señaló la necesidad de promover la igualdad de género, no solo en derechos humanos, sino también en beneficios sociales y económicos para las mujeres. Proyectos de ley como el de la Economía Violeta establecen acciones positivas para promover la inclusión laboral de las mujeres, concluyó.
Los legisladores Nathalie Arias, Francisco Jiménez, Wilma Andrade y Daniel Noboa destacaron la participación de los comparecientes en la medida de aportar con observaciones a los proyectos que trabaja la mesa legislativa, que contribuyen a garantizar igualdad de derechos para todos. “Las sugerencias permitirán estructurar proyectos sobre la base de la realidad de cada sector”, dijo el presidente de la Comisión, Daniel Noboa.
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