La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana escuchó la opinión de expertos sobre los proyectos de ley relacionados con la transparencia y acceso a la información pública, como parte del proceso de construcción de un texto socializado con la academia y la sociedad civil, entre otros actores.
Como invitado estuvo Romel Jurado, coordinador general de Relaciones Internacionales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quien reiteró la necesidad de tener una norma legal que garantice la reserva de la información, en sectores como defensa y financiero, para lo que se requiere precisar cuál es el derecho constitucional del bien jurídico o el interés público que se busca proteger con el acto de reserva.
Consideró que es necesario analizar los riesgos o perjuicios que implicaría para el Estado, la sociedad o los ciudadanos la libre circulación de la información que se va a representar. Comentó que cuando se reserva información, a veces se dice que puede ser perjudicial, por lo que es necesario saber cuáles son los derechos, perjuicios o riesgos que los ciudadanos podrán sufrir en estos casos.
También sostuvo que se requiere un sistema de contrapesos y controles para que las autoridades no reserven de manera arbitraria la información y tampoco se generen riesgos.
Entre tanto, César Ricaurte, director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (FUNDAMEDIOS), mencionó la importancia de dictar una nueva Ley de Acceso a la Información Pública acorde con la nueva realidad del gobierno digital, abierto, de datos, entre otras herramientas tecnológicas.
Explicó lo que plantea la Ley Modelo 2.0 de la Organización de Estados Americanos acerca de los estándares mínimos que debe tener el órgano garante del derecho al acceso a la información pública, que tendrá la función de promover y garantizar el derecho a la información.
Además, indicó que una de las debilidades de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es justamente que el órgano garante ha sido la Defensoría del Pueblo, pero no tiene capacidad sancionatoria en el marco de sus competencias.
Por último, recordó que Fundamedios presentó a finales de año pasado un proyecto de ley en este sentido, mismo que fue calificado y se encuentra en trámite, a la vez que resaltó la apertura y decisión de la Asamblea Nacional para tratar esta iniciativa con la participación de los diversos actores.
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