La Comisión de Desarrollo Económico escuchó las observaciones de los delegados de los Ministerios de Finanzas y de Trabajo, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y de la Secretaría de Derechos Humanos al proyecto de Ley para Impulsar el Trabajo de la Mujer, Igualdad de Oportunidades y la Economía Violeta. Los comparecientes destacaron la importancia de esta normativa que está ligada a la erradicación y prevención de la violencia en todas sus formas y reducir los índices de inequidad de género.
Bernarda Ordóñez, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, enfatizó que el empoderamiento económico de las mujeres constituye una herramienta para promover y fortalecer el enfoque de género, la erradicación de la pobreza y la potencialización de las mujeres, a través del crecimiento económico inclusivo, generando mecanismos de acceso y beneficio que garanticen una vida digna.
Habló de la necesidad de prevenir la violencia en todas sus formas y reducir los índices de inequidad y pobreza de las mujeres en el área rural. Subrayó que en el 2022 se contará con recursos económicos, pues el presupuesto para este fin se incrementó de 1.5 a 24 millones de dólares, de los cuales cuatro millones se destinarán a trabajar el alcance de esta normativa.
Sugirió poner una mirada en el cuidado de las mujeres que trabajan en casa, la maternidad orientada a mejorar procesos productivos, donde las madres tengan acceso a guarderías para el cuidado de sus hijos. Es necesario un marco jurídico regulatorio para no crear diferencias entre el trabajo del sector público y privado, subrayó.
En su turno, Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria, precisó que el proyecto de Economía Violeta está orientado básicamente a reducir la brecha entre hombres y mujeres, de conformidad con lo que determina la Constitución. En este marco, dijo que es vital la inclusión de la mujer en el sector financiero popular y solidario.
“En el sector financiero de la Economía Popular y Solidaria existen más socios hombres que mujeres, 60.02 por ciento de hombre, frente al 39.98% de mujeres. El reto es reducir las brechas, para lo cual conviene ampliar el acceso a la educación, así como generar nuevas estrategias y alianzas que conlleven a mejorar la inclusión de las mujeres”, resaltó Hernández.
En cambio, Salomé Velasco, funcionaria del Ministerio de Finanzas, mencionó la necesidad de tomar en cuenta la propuesta planteada por el Servicio de Rentas Internas, por el cual se sugiere que el incentivo debe aplicarse solo al ejercicio fiscal de contratación de la mujer o en su defecto solo durante los ejercicios fiscales que perdura esa contratación. Recomendó establecer un tiempo máximo de este beneficio que puede ser de 3 años.
De su lado, Carlos Barrionuevo, del Ministerio de Trabajo, expresó que el proyecto de forma global es positivo; sin embargo, el problema se genera en la parte práctica, por ejemplo en el tema de maternidad y lactancia, por el cual se otorga a la mujer 12 semanas de licencia, mientras que al hombre el permiso es de 10 días por paternidad, por lo que el empleador preferirá contratar a un hombre. Por ello, propuso revisar el tiempo de licencia para el cuidado tanto del hijo como de su esposa, con lo cual se generará equidad.
JLVN/pv
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