La Comisión de Garantías Constitucionales escuchó los argumentos de la dirigente comunitaria María Matilde Tenesaca y Oswaldo Calderón, presidente de Fedotaxis, en su calidad de beneficiarios de pedidos de amnistía, en relación al caso “Derecho a la resistencia y protesta social – octubre 2019”.
María Matilde Tenesaca recordó que históricamente se han desarrollado luchas sociales en defensa de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. Dijo que en octubre de 2019 las organizaciones sociales se vieron amenazadas frente a las medidas adoptadas por el expresidente Lenín Moreno, por efecto del decreto ejecutivo 833, que viabilizó el alza del precio de los combustibles, en perjuicio de la población más vulnerable.
Afirmó que al amparo del artículo 98 de la Constitución que garantiza el derecho a la resistencia, la población rural y comunidades indígenas manifestaron su descontento por efecto del decreto ejecutivo, señaló que no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que se le acusa, es decir, “haber secuestrado a militares”. Pidió se le conceda la amnistía para ella y otros compañeros que son perseguidos por algo que no cometieron.
La asambleísta Rosa Carlosama, recordó que “es obligación del Estado precautelar la integridad de las mujeres y que, por el contrario, amedrenta a los dirigentes sociales y a los ciudadanos”.
De inmediato, los parlamentarios escucharon a Oswaldo Calderón, presidente de Fedotaxis, quien recordó que se le acusa de paralizar un medio público, razón por la cual fue a la cárcel, sin que se cumpla el debido proceso. Mencionó que enfrenta un proceso judicial por más de dos años, por lo que se siente perseguido injustamente.
La legisladora, Fernanda Astudillo, hizo mención a las víctimas de octubre de 2019 y lamentó que no exista ninguna autoridad de esa época judicializada. Pidió a los legisladores reflexionar sobre los sucesos en mención y reclamó la reparación para las víctimas y sus familiares.
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