El Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, liderado por Ana Herrera, evaluó la aplicación del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en el Ecuador. La legisladora informó que esta actividad es parte del cronograma de trabajo, en el contexto de las acciones para la transversalización del enfoque de género.
Para este efecto, recibió a la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, quien respondió una serie de interrogantes relacionadas con la ejecución de este plan y el manejo del presupuesto asignado a las casas de acogida. Recordó que las competencias de la institución, operativa desde el 2019, están contenidas en el Decreto 216 y uno de los mandatos es prevenir y atender la violencia hacia las niñas y las mujeres.
Tras recalcar que la Subsecretaría se encarga de la prevención y atención a las víctimas de violencia y otros tipos de vulneración de derechos, recordó que la Ley de Erradicación de la Violencia fue promovida con una amplia participación de las organizaciones de mujeres y para su debate se creó una comisión especial en la Asamblea Nacional que contó con el respaldo de 27 mil firmas. La ley crea el sistema nacional para erradicar la violencia, mismo que está compuesto por 22 de instituciones, añadió.
Además, detalló que, según una encuesta del INEC de 2019, ciertas provincias entre ellas Azuay, de la Amazonía ecuatoriana y en las zonas de frontera norte y sur presentan altos índices de violencia, que es un fenómeno multicausal, muy complejo que requiere y demanda la participación de todos los actores de la sociedad.
La funcionaria señaló que el presupuesto era uno de los desafíos más grandes. Informó que de un presupuesto inicial de 1.5 millones de dólares hoy cuentan con US$ 24 millones, que les permitirá trabajar a nivel nacional en la prevención de la violencia.
Por último, explicó la solución jurídica que se alcanzó para garantizar la continuidad de los servicios en los centros y casas de acogida; además, habló sobre la realidad de los convenios para los centros y casas, varios de ellos suscritos fuera de tiempo y sin la certificación presupuestaria, por lo que fue necesario justificar los convenios de pago.
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